La tensión entre la empresa Carril Solar, filial de la multinacional hispanoaustriaca RP Global, y el Ayuntamiento de Puerto Lumbreras se ha intensificado tras las amenazas de la compañía de presentar un contencioso administrativo por valor de entre 30 y 50 millones de euros en concepto de responsabilidad patrimonial. La firma considera que el consistorio ha bloqueado de manera indebida la tramitación de su planta fotovoltaica “Carril 400” al exigirle una autorización urbanística excepcional que, según la empresa, “no es aplicable a este tipo de proyectos”.
Sin embargo, Ecologistas en Acción defiende la legalidad del procedimiento municipal y acusa a Carril Solar de presionar a las administraciones locales para eludir los requisitos establecidos por la Ley estatal del Suelo (Real Decreto Legislativo 7/2015). Según la organización, el Ayuntamiento “ha actuado correctamente” al exigir que la instalación demuestre su interés público o social y obtenga el visto bueno del órgano autonómico competente, tal y como marca la normativa para los proyectos en suelo no urbanizable.
No existe un suelo de naturaleza energética
Los ecologistas recuerdan que la ley reserva el suelo no urbanizable para actividades vinculadas directamente con los recursos naturales —agrarias, ganaderas, forestales o mineras—, algo que no ocurre con las plantas fotovoltaicas orientadas a la venta de energía a la red.
“Nada de ello se cumple en las instalaciones de producción de energía renovable destinadas a su venta a la red eléctrica”, explica el colectivo, que añade que el terreno “actúa únicamente como soporte físico o mecánico de una actividad industrial”, sin relación con el uso racional del suelo que protege la legislación.
Ecologistas en Acción subraya que no se opone a las energías renovables, sino al modo en que se implantan determinados macroproyectos. Su portavoz, Pedro Luengo, señala:
“Sólo pedimos que se cumpla la ley. Una planta que ocupará millones de metros cuadrados de suelo protegido, con especies en peligro y colindante con la Red Natura 2000, debe pasar los mismos trámites urbanísticos que cualquier otra, incluyendo el preceptivo Estudio de Paisaje que exige la Ley regional del Suelo.”
Reclaman transparencia a la empresa
El colectivo ha instado además a Carril Solar a acreditar de forma fehaciente que cuenta con el “visto bueno” de la Comunidad Autónoma, tal como ha afirmado públicamente. Según los ecologistas, el proyecto no ha sido autorizado ni por la Dirección General de Industria (que carece de competencia al tratarse de una planta de ámbito estatal), ni por la Dirección General de Urbanismo de la Consejería de Fomento, la cual debe pronunciarse sobre la autorización excepcional.
Ecologistas en Acción recuerda que otros ayuntamientos murcianos —entre ellos los de Murcia, Mula, Santomera, Cieza, Fuente Álamo, Archena, Blanca, Fortuna, Alguazas y Los Alcázares— están aplicando el mismo criterio legal, independientemente del signo político de sus gobiernos locales.
RP Global y el proyecto Carril 400
Carril Solar es una filial de RP Global, grupo hispanoaustriaco creado en los años 80 vinculado al sector energético y financiero, con presencia en varios países de Europa y América Latina. El proyecto Carril 400 prevé la instalación de una gran planta fotovoltaica en suelo no urbanizable del municipio de Puerto Lumbreras, que ha despertado preocupación por su impacto ambiental y paisajístico en una zona próxima a la Red Natura 2000.
Ecologistas en Acción respalda la posición del Ayuntamiento y reclama una tramitación ajustada a derecho, mientras la empresa mantiene su amenaza de acciones legales millonarias. El caso se ha convertido en un nuevo ejemplo del conflicto entre el despliegue acelerado de energías renovables y la protección ambiental y territorial en la Región de Murcia.
