Europa Laica en la Región de Murcia ha mostrado su rechazo a la decisión del Ayuntamiento de Murcia de ceder gratuitamente la iglesia del barrio de Vistabella a la Diócesis de Cartagena, aprobada en el pleno municipal del 31 de julio y publicada en el BORM días después. La organización anuncia que presentará alegaciones durante el plazo legal abierto de un mes.
“La Iglesia católica es una institución privada, dependiente de un Estado extranjero, el Vaticano. No hay ninguna razón democrática para regalarle patrimonio de todos los murcianos”, ha declarado Juan Celdrán Navarro, coordinador regional de Europa Laica.
Un bien municipal entregado sin coste
El templo de Nuestra Señora de Fátima, situado en la calle Enrique Ayuso Miró, figuraba en el inventario municipal como bien de dominio público. El consistorio lo ha desafectado y reclasificado como patrimonial, paso previo para formalizar su entrega gratuita al Obispado. A juicio de Europa Laica, el Ayuntamiento “renuncia a defender lo común” y “favorece injustificadamente a una entidad privada”.
Una construcción sufragada sin ayuda de la Iglesia
La iglesia fue levantada en 1955 dentro de un plan de viviendas sociales para exmilitares y viudas del franquismo. “La Iglesia católica no contribuyó ni a su construcción ni a la compra de la imagen de la Virgen que lo preside, costeada con dinero de los vecinos”, recuerda Celdrán. Por ello, la organización sostiene que el uso religioso puede continuar como hasta ahora, sin que sea necesario regalar la propiedad.
Un privilegio más en una larga lista
Europa Laica recuerda que la Iglesia española ha acumulado más de 100.000 inmuebles en todo el país, muchos de ellos inscritos a su nombre sin presentar títulos de propiedad, gracias a la ley hipotecaria franquista de 1946, vigente hasta 2015.
“Es inaceptable que, en pleno siglo XXI, se sigan repitiendo viejas prácticas de privilegio. El Ayuntamiento de Murcia debería proteger el patrimonio público, no regalarlo”, denuncia el coordinador de Europa Laica.
Alternativas posibles
La asociación laicista propone que, en lugar de transferir la propiedad, el Ayuntamiento liderado por Ballesta (PP) establezca convenios de uso o cesiones temporales que permitan mantener la actividad religiosa sin perder la titularidad pública. También reclama transparencia sobre el patrimonio municipal de uso religioso y un debate abierto con el vecindario de Vistabella sobre el futuro del inmueble.
“Hay fórmulas legales para compatibilizar el uso religioso con la propiedad pública. Lo que no puede ser es que, una vez más, el patrimonio de todos acabe en manos de una institución que ya gestiona en exclusiva catedrales, monasterios o la Mezquita de Córdoba, cobrando entradas sin rendir cuentas”, concluye Celdrán.
