Esta mañana, alrededor de las 12:00 h, el Ayuntamiento de Murcia, gobernado por el Partido Popular de José Ballesta, ha ordenado el desalojo de un campamento improvisado bajo el puente de la autovía A-30, junto al Paseo del Malecón, donde residían más de una veintena de personas migrantes en situación de extrema vulnerabilidad. La actuación ha sido llevada a cabo por la Policía Local, el servicio municipal SEMAS y personal de Ingeniería Urbana, sin mediar palabra y sin ofrecer alternativas dignas de alojamiento a las personas afectadas.
Entre las personas desalojadas se encontraban mayoritariamente jóvenes de origen maliense, además de una mujer marroquí enferma junto a su hijo. Desde hace tres meses, este grupo había convertido el espacio bajo el puente en un refugio de emergencia, donde sobrevivían entre cartones, colchones y mantas, con un pequeño hornillo de gas para hervir agua, compartiendo el té y los escasos alimentos que podían conseguir en comedores sociales o gracias a redes solidarias.
Esta acción de desalojo se produce precisamente el mismo día en que el diario La Opinión de Murcia publica un reportaje sobre la vida de estas personas, humanizando su realidad y exponiendo las duras condiciones a las que se enfrentan a diario: sin luz, sin agua, sin baño, soportando el calor abrasador del asfalto murciano, y tratando de mantener la zona limpia y ordenada para evitar conflictos con las autoridades. Una coincidencia que muchas voces denuncian como algo más que casual.
Desde asociaciones solidarias como ABETO, que trabajan con personas sin hogar y migrantes, denuncian la falta total de humanidad y de una política social estructurada por parte del Ayuntamiento. “No se les ofrece techo, comida ni ayuda. Solo se les expulsa. Vienen de la guerra, huyen del hambre, y lo único que encuentran aquí es miseria y desprecio institucional”, han lamentado.
La intervención municipal, lejos de atender la emergencia social, ha optado por invisibilizarla mediante una operación de limpieza que prioriza la imagen urbana sobre los derechos humanos. Según denuncian testigos presenciales y entidades de apoyo, no se ofreció ninguna alternativa concreta de alojamiento o atención, más allá del desalojo forzoso.
Mientras el gobierno local defiende que el SEMAS «atiende a cualquier persona en situación de calle», lo sucedido hoy pone en entredicho dicha afirmación. La realidad de quienes viven sin hogar en Murcia, muchos de ellos sin papeles y fuera del sistema de protección, sigue sin abordarse con seriedad ni humanidad.
Desde distintos colectivos sociales se exige una respuesta inmediata y estructural por parte de las instituciones públicas que garantice derechos básicos como el acceso a una vivienda, la atención sanitaria, y la regularización de las personas migrantes. Murcia no puede seguir permitiéndose que su respuesta a la pobreza y al sufrimiento sea la represión y el desalojo.
