La Unión Europea ha aprobado este año el proyecto IAMI (Identity Attributes Matrix Initiative), una plataforma tecnológica basada en inteligencia artificial diseñada para identificar en tiempo real a presuntos delincuentes en espacios públicos. Bajo el pretexto de reforzar la seguridad frente al terrorismo, el proyecto está dotado con 3,98 millones de euros y tiene entre sus socios principales al ente sionista de Israel —que recibirá cerca del 20% de los fondos— y al Ayuntamiento de Murcia, cuya Policía Local colaborará activamente en las pruebas de campo y testeo urbano del sistema.
IAMI persigue desarrollar una aplicación que combine datos biométricos (reconocimiento facial, corporal, de voz) y no biométricos (vestimenta, patrones de movimiento, comportamiento), capaz de identificar sospechosos al instante incluso entre multitudes. Se trata de un paso más en la automatización de la vigilancia pública, a través de un modelo 3D entrenado con algoritmos de análisis predictivo y escaneos permanentes.
Israel, socio mayoritario: del laboratorio de ocupación a las ciudades europeas
El papel protagonista de Israel en IAMI no es inocuo. Las empresas y organismos israelíes incluidos en el proyecto traen consigo décadas de desarrollo de sistemas de control y represión testados sobre la población palestina bajo ocupación militar. Lo que en Gaza o Cisjordania se aplica bajo condiciones de apartheid, ahora entra en el corazón de Europa como innovación tecnológica.
Esta transferencia de know-how desde el aparato securitario sionista a instituciones civiles europeas se legitima con financiación comunitaria y sin apenas debate público. De hecho, el informe oficial del proyecto ya anticipa tensiones éticas y sociales, y por eso ha encomendado al centro británico Centric Research una evaluación del “sentimiento social” hacia IAMI.
Murcia, ciudad piloto de un sistema de control sin precedentes
Que Murcia participe como campo de pruebas de esta tecnología —validando un sistema de identificación masiva en el espacio público— no es un detalle menor. La Policía Local formará parte de los ensayos operativos previstos hasta 2028, sumándose a una infraestructura de control que se expande aceleradamente sin un marco normativo garantista ni un debate social real sobre sus implicaciones.
La falta de controles democráticos, la opacidad en torno a las bases de datos que alimentarán al sistema y el riesgo de discriminación por perfiles raciales, religiosos o sociales han sido ya señalados por organizaciones europeas de derechos civiles y expertos en ética digital.
¿Seguridad o libertad? El debate que Europa no quiere abrir
La pregunta no es tecnológica, sino política: ¿a qué coste estamos aceptando esta supuesta seguridad? Mientras la inteligencia artificial se consolida como herramienta de control poblacional, sus desarrolladores reconocen la posibilidad de sesgos y errores estructurales, pero siguen avanzando sin freno ni regulación.
Los datos que la IA interpreta no son neutrales: reflejan los enfoques, prejuicios y objetivos de quienes diseñan los algoritmos. Por eso, el riesgo de construir una Europa cada vez más vigilada, más desigual y menos libre es ya una realidad.
