La movilización social ha logrado suspender, al menos temporalmente, el lanzamiento de desahucio contra Alicia, madre de dos menores —una de ellas con autismo severo—. El desalojo, previsto para esta mañana, ha quedado paralizado hasta el próximo 11 de junio, tras la presión ejercida por decenas de activistas y colectivos que se habían convocado para concentrare a las puertas del domicilio familiar, en la calle Doctor Antonio Mesa del Castillo.
Desde primera hora, la Plataforma de Afectadas por la Hipoteca (PAH), el Sindicato de Vivienda, el colectivo YayoFlautas de Murcia y numerosos vecinos y vecinas se han plantado ante la vivienda para impedir el tercer intento de desahucio de esta familia vulnerable. A la concentración se han sumado dirigentes del Partido Comunista de España (PCE), militantes de Izquierda Unida-Verdes y el diputado autonómico de Podemos, Víctor Egío, junto a la portavoz municipal de la formación morada, Elvira Medina.
La comisión judicial llegó escoltada por varios agentes de la Policía Local, enviados por el Ayuntamiento de Murcia ante el requerimiento judicial. Una presencia policial que los colectivos denuncian como una expresión más del papel cómplice de las instituciones, que priorizan el cumplimiento de órdenes judiciales por encima del derecho básico a una vivienda digna. “El Ayuntamiento manda a la policía pero no ofrece ni una sola alternativa habitacional. Su responsabilidad es garantizar derechos, no facilitar desahucios”, han señalado desde las organizaciones sociales.
Alicia quedó expuesta a esta situación tras la marcha de su expareja, que la dejó sola ante el pago del alquiler. El propietario, un gran tenedor, ha rechazado toda posibilidad de acuerdo. Hoy, gracias a la movilización popular, se ha conseguido ganar tiempo. Pero la amenaza persiste.
“Este aplazamiento no es una solución, solo es una prórroga. Lo que hace falta es voluntad política para resolver la emergencia habitacional que vivimos en esta Región”, han subrayado desde el Sindicato de Vivienda, que exige a las administraciones públicas —local, autonómica y estatal— la implementación urgente de medidas que frenen los desahucios y garanticen alquileres sociales.
Los colectivos alertan de que el caso de Alicia no es aislado, y que cada semana se ejecutan desahucios invisibles sin ningún tipo de cobertura institucional.
¡Sí se puede! ¡Ni una más sin casa!
