Personal de la administración y servicios de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia (CARM) reclaman una mejora en la calidad de los contratos y de los servicios públicos.
Murcia. 15 de abril.- Personal administrativo y de servicios se han concentrado en el día de hoy, frente a la Consejería de Presidencia y de Economía y Hacienda, en la ciudad de Murcia. La protesta ha sido promovida en horario de función pública, entre las 11.00 y las 11.30 horas, y tenía como finalidad la de visibilizar y reivindicar una defensa en cuanto a la mejora del empleo relacionado al mérito y a la capacidad. A su vez se han centrado en la defensa de un servicio de calidad para los usuarios, así como la oposición al recorte de derechos del personal interino.
Extraemos aquí la nota de prensa de los y las convocantes:
NOTA PRENSA
Con el personal que concurre a los procesos selectivos para el Acceso a la Función Pública y que no obtiene plaza se elaboran las listas de espera o bolsas de trabajo. El orden que se otorga en dichas listas corresponde a la suma de méritos (tiempo trabajado, exámenes aprobados, formación, titulaciones etc.) Esos méritos, por lógica y por justicia, deben ser tenidos en cuenta. Sin embargo, si no se pone remedio, la puntuación que se tenga en la bolsa no servirá para nada.
Suprimir la mejora de empleo para el personal interino (Acuerdo de la Mesa Sectorial de Administración y Servicios de 11 de noviembre de 2024) supone desestimar el esfuerzo, el mérito y la capacidad de los trabajadores. Implica tirar por la borda la experiencia laboral y la cualificación. El criterio para seleccionar al personal temporal se convierte en una especie de “lotería”.
Es inconcebible que en el citado Acuerdo, que introduce ciertos avances, se incluya este punto que supone un retroceso en los derechos del personal interino que además repercutirá negativamente en la calidad de la atención a los usuarios de los servicios públicos, especialmente en la que debe ser prestada a las personas más vulnerables de la sociedad (discapacitados, ancianos, enfermos mentales crónicos…) que precisan y merecen la estabilidad que les proporciona contar con los trabajadores más cualificados durante el mayor tiempo posible.
Este sinsentido, a pesar de la masiva posición en contra de los trabajadores, de familiares de personas con discapacidad y de lo que dicta el sentido común, se sigue pretendiendo aplicar. La mejora de empleo no supone ningún incremento de gasto para la Administración. Aprovechar la capacitación profesional y mejorar los servicios al ciudadano “no cuesta un duro”.
Además la conservación de la mejora de empleo no supone que se reste agilidad a los procesos para cubrir puestos de trabajo temporalmente ya que existen posibilidades y medios para que no se produzcan demoras en ese sentido.
Por todo ello hemos solicitado a la Dirección General de la Función Pública que ayude a solventar esta situación que no reporta ningún beneficio y sólo trae como consecuencias lesionar los derechos del personal interino y el deterioro de la calidad de los Servicios Públicos.
