El próximo 12 de noviembre, tres altos cargos de la empresa Sidenor, compañía metalúrgica con sede en el País Vasco, están citados a declarar ante la Audiencia Nacional. Los directivos están acusados de contrabando, conforme a la Ley Orgánica de Represión del Contrabando, por la venta de acero a la empresa israelí IMI (Israeli Military Industries), destinada a la fabricación de armamento.
Asimismo, se les imputan delitos de complicidad en crímenes de lesa humanidad y genocidio, tipificados en los artículos 29, 607 y 607 bis del Código Penal. La Comunitat Palestina de Catalunya ha presentado la querella como acusación popular, en el marco de la Campaña “Fin al Comercio de Armas con Israel”.
Según consta en la providencia judicial, el magistrado juez Luis Francisco de Jorge Mesas señala que “Sidenor tenía conocimiento de que IMI es una empresa dedicada a la fabricación de armamento”. Además, la resolución apunta que las ventas se realizaron “sin comunicarlo al Gobierno y sin inscribirse en el registro correspondiente”, lo que constituiría un delito de contrabando.
Las acusaciones por lesa humanidad y genocidio se apoyan en la calificación provisional atribuida por el Tribunal Penal Internacional y en las denuncias formuladas por la Relatora Especial de la ONU, Francesca Albanese, la UNRWA y otros organismos de Naciones Unidas sobre los crímenes cometidos en la Franja de Gaza.
La presidenta de la Comunitat Palestina de Catalunya, Natalia Abu Sharar, ha destacado que “es la primera vez que se abre una investigación de este tipo en el Estado español, pero no será la última”. Abu Sharar ha denunciado que “las complicidades de las instituciones y las empresas con el Estado sionista de Israel continúan, a pesar de que las cifras oficiales hablan ya de casi 70.000 personas asesinadas”.
Por último, ha subrayado que “desde la campaña colectiva Fin al Comercio de Armas con Israel seguiremos trabajando para lograr un embargo de armas integral y retroactivo, y para que ningún acto de complicidad con el genocidio del pueblo palestino quede impune”.
