La Coalició Prou Complicitat amb Israel, la RESCOP y la Campaña “Fin al Comercio de Armas con Israel” denuncian la infiltración del aparato militar y de espionaje israelí en los sistemas de vigilancia y comunicaciones del Estado español y de la Generalitat de Cataluña. Lo hacen a través de contratos millonarios con empresas como Excem, Reliant o NSO Group, vinculadas directamente a la industria de la represión y el control del pueblo palestino.
Según una investigación publicada hoy por La Directa, estas compañías —parte del engranaje militar israelí responsable del genocidio en Palestina— gestionan sistemas de vigilancia e interceptación de comunicaciones de los Mossos d’Esquadra, la Guardia Civil, el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y otros cuerpos policiales del Estado.
Negocios manchados de sangre
Mientras Israel perpetra un genocidio con más de 67.000 personas palestinas asesinadas —aunque algunos informes elevan la cifra a más de 600.000—, tanto el Gobierno español como la Generalitat catalana mantienen e incluso renuevan contratos con empresas que desarrollan y exportan tecnología de guerra, represión y espionaje.
Estas tecnologías, según recuerda La Directa, se presentan como productos “probados en combate”, un eufemismo que esconde su experimentación sobre la población palestina.
A mediados de 2024, tras la investidura de Salvador Illa como president, la Dirección General de la Policía de la Generalitat adjudicó a Excem Grupo 1971 S.A. el Servicio Integrado de Intercepción y Monitorización de las Comunicaciones (SILTEC), por más de cinco millones de euros (2024–2028).
Este software, diseñado para interceptar, copiar y desencriptar cualquier comunicación móvil, coloca la seguridad catalana bajo control tecnológico israelí, consolidando una alianza estructural con la industria del genocidio.
Poco antes, el 11 de septiembre de 2024, Philip Hatchwell —donante habitual del partido ultraderechista Likud de Benjamin Netanyahu— fue nombrado administrador único de Excem. Así, un contrato clave para la seguridad catalana acabó en manos de la élite empresarial sionista.
Espionaje político y opacidad judicial
El 8 de octubre de 2025, el Tribunal Supremo denegó la desclasificación de documentos que demostrarían la implicación del CNI y de empresas israelíes como NSO Group, creadora del software Pegasus, en casos de espionaje político.
La magistrada Pilar Teso Gamella reconoció parcialmente la autorización judicial de estos espionajes, pero mantuvo en secreto los contratos, pagos y vínculos con Israel, al amparo de la aún vigente Ley de Secretos Oficiales franquista.
El caso forma parte del escándalo Catalan Gate, que en 2022 reveló el espionaje a 65 dirigentes y activistas independentistas mediante Pegasus. Pese a las evidencias, el Estado español sigue blindando la impunidad de su colaboración con la industria cibernética israelí.
Más contratos, más complicidad
Lejos de cesar los vínculos, la campaña Fin al Comercio de Armas con Israel ha identificado un nuevo contrato, adjudicado el 28 de octubre de 2025, por la Agencia Tributaria española a Excem Grupo 1971 S.A., para el mantenimiento del sistema de interceptación y monitorización de comunicaciones SIMON, usado por el Departamento de Aduanas.
El software de Excem instalado por la policía catalana actualiza el sistema Reliant, el mismo que usaron la Guardia Civil y la Policía Nacional para espiar a líderes independentistas tras el 1 de octubre de 2017, y que sigue empleando el Ministerio del Interior.
Todo ello confirma una red continuada de contratos entre empresas israelíes de defensa, ciberseguridad y espionaje e instituciones del Estado español y catalán.
Pese a las denuncias públicas y a las medidas cosméticas de control incluidas en el último Real Decreto Ley, los gobiernos han mantenido y ampliado estas relaciones en las últimas legislaturas.
Soberanía o subordinación
La soberanía institucional de Cataluña y del Estado español no puede estar subordinada a un Estado genocida y ocupante. Los vínculos alcanzan a empresas como NSO Group, Verint o Cognyte, implicadas en espionaje político, así como a la presencia de asesores y agentes israelíes en operativos policiales, como los ocurridos el pasado 15 de octubre en Barcelona y Manresa durante actuaciones vinculadas al equipo israelí Hapoel Jerusalén.
Estos hechos, documentados por La Directa, evidencian una dependencia institucional de tecnologías y servicios procedentes del aparato militar israelí, que vulnera los derechos fundamentales y compromete la independencia política y judicial.
Desde la RESCOP denuncian que “no pueden existir vínculos de ningún tipo con las empresas militares y de seguridad israelíes. Colaborar con ellas significa financiar la ocupación, el apartheid, el genocidio y el colonialismo israelí”.
Exigencias inmediatas
Por todo ello, las organizaciones convocantes reclaman una ruptura inmediata con toda forma de colaboración institucional con el aparato militar israelí. En concreto, exigen la rescisión de todos los contratos vigentes del Estado español y de la Generalitat con empresas vinculadas al espionaje, la defensa o la ciberseguridad israelí, así como la desclasificación completa de la documentación relativa a acuerdos suscritos con corporaciones como Excem, NSO Group, Verint o Cognyte, entre otras.
Del mismo modo, demandan la apertura de una investigación parlamentaria urgente que esclarezca la presencia de agentes y asesores israelíes en operativos policiales realizados en territorio español y su posible coordinación con cuerpos de seguridad autonómicos y estatales. Asimismo, instan a que el actual Real Decreto Ley que regula el comercio de material bélico se convierta en un embargo integral y efectivo, no solo de armas convencionales, sino también de tecnología militar y cibernética.
Finalmente, las entidades firmantes reclaman la depuración de responsabilidades políticas tanto en el Gobierno de la Generalitat como en el del Estado español, por haber avalado, silenciado o fortalecido estos vínculos con empresas implicadas en el desarrollo tecnológico del genocidio israelí.
Movilización en Barcelona
Ante la inacción institucional, la Coalició Prou Complicitat amb Israel, la Comunidad Palestina de Cataluña y La Fira en la Mira convocan una concentración el martes 4 de noviembre a las 8:30 de la mañana frente a la Fira de Barcelona (recinto Gran Via).
El objetivo: denunciar la normalización de las empresas israelíes en la capital catalana y exigir que la Fira deje de ser un escaparate de complicidad con el genocidio del pueblo palestino.
