Desde la Red Solidaria contra la ocupación de Palestina han exigido al Gobierno español el bloqueo y decomiso de la carga del buque “TRANS TIND”, actualmente inmovilizado en el puerto de Cartagena. Consideran insuficiente la medida anunciada por la Delegación del Gobierno en la Región de Murcia, que contempla únicamente la inspección de la mercancía para determinar si su uso es agrícola.
Según los colectivos firmantes, lo relevante no es el destino de la carga, sino su procedencia. Aseguran que la mercancía proviene de la empresa israelí ICL, señalada por distintos organismos internacionales por beneficiarse de la ocupación militar de Palestina. “Permitir cualquier tipo de intercambio comercial con esta empresa implica complicidad con la economía de la ocupación”, sostienen, citando el término utilizado por la relatora especial de Naciones Unidas para los Territorios Palestinos Ocupados, Francesca Albanese.
ICL, multinacional de origen israelí, ha sido acusada de colaborar directamente con el Ejército israelí mediante su programa “Apadrina un soldado”, a través del cual destina parte de sus beneficios a apoyar las fuerzas armadas del país. Además, denuncian que su filial en Estados Unidos suministra fósforo blanco a Israel, utilizado para la fabricación de bombas empleadas en Gaza, según informes de Amnistía Internacional.
En España, la presencia de ICL se extiende más allá de Murcia, donde mantiene colaboración con la Universidad Politécnica de Cartagena. La empresa opera también en Cataluña, Valencia y Mallorca, donde su actividad ha sido catalogada por el Observatorio de Derechos Humanos y Empresas en el Mediterráneo como cómplice de la ocupación y de la crisis humanitaria en Palestina. Estas entidades recuerdan, además, el impacto medioambiental y social de la actividad extractiva de ICL en el territorio español, denunciado desde hace años por la campaña Boicot ICL.
Desde la RESCOP reclaman que el Gobierno español no solo decomise la carga del “TRANS TIND”, sino que prohíba futuras operaciones comerciales con empresas que participen en la denominada economía de la ocupación. Argumentan que, de no hacerlo, el Ejecutivo estaría incumpliendo el dictamen de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de julio de 2024, que insta a los Estados a impedir relaciones comerciales o de inversión que contribuyan a mantener la ocupación israelí.
Asimismo, consideran que la inacción gubernamental contradiría el paquete de medidas anunciado el pasado 8 de septiembre por el presidente Pedro Sánchez. A juicio de las organizaciones, la situación demuestra que “la complicidad con el genocidio y la ocupación ilegal de Palestina no se puede frenar únicamente con declaraciones políticas”, sino que es necesario adoptar medidas legislativas y concretas para contribuir al fin de la ocupación y del régimen de apartheid.
