La Unión Sindical Obrera (USO) ha comunicado a la Confederación Europea de Sindicatos (CES) su decisión de no respaldar la huelga general convocada para el próximo 11 de noviembre. En una carta dirigida a su secretaria general, Esther Lynch, el secretario general de USO, Joaquín Pérez Da Silva, expone sus discrepancias con el calendario de la movilización, la falta de un interlocutor institucional claro y la ausencia de una estrategia sindical consensuada.
La posición fue acordada por la Comisión Ejecutiva Confederal de USO el 6 de octubre, con la aprobación del Comité Confederal. El sindicato sostiene que compartir las reivindicaciones que motivan una protesta no implica respaldar cualquier convocatoria, sino valorar sus objetivos, su oportunidad y sus posibilidades de conseguir resultados concretos.
Uno de los principales argumentos de USO es la coincidencia de la huelga con el periodo electoral. La organización considera que la disolución del Congreso y del Senado, junto con las limitaciones del Gobierno para impulsar nuevas medidas legislativas, dificulta identificar a quién se dirige la protesta y qué compromisos podrían obtenerse.
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En su comunicación, el sindicato advierte de que la movilización corre el riesgo de interpretarse como parte de la campaña electoral o como una expresión de descontento sin una vía clara para lograr cambios efectivos. «La mayor movilización a la que podemos llamar en este momento es acudir a las urnas», afirma Pérez Da Silva en la carta.
USO reconoce la crisis de la vivienda y la precariedad laboral
El rechazo a la convocatoria no supone, según la organización, restar importancia a los problemas que atraviesan las personas trabajadoras. USO reconoce la gravedad de la crisis habitacional, la precariedad laboral y la pérdida de poder adquisitivo, y asegura que lleva años denunciando estas situaciones.
El sindicato vincula el acceso a una vivienda digna con la estabilidad en el empleo, unos salarios suficientes y una negociación colectiva eficaz. En este sentido, considera que centrar la huelga exclusivamente en el precio de la vivienda ofrece una visión limitada de una problemática que también está relacionada con las condiciones laborales y los ingresos de la clase trabajadora.
USO sostiene, además, que estas reivindicaciones deberían haberse abordado antes de la convocatoria electoral y cuestiona que se sitúen ahora en el centro de una huelga general cuando, a su juicio, no existe un destinatario institucional con capacidad suficiente para darles respuesta.
Sin acuerdo sindical previo
Otro de los motivos es la supuesta falta de un proceso de negociación entre las organizaciones sindicales para definir conjuntamente los objetivos, el calendario y la estrategia de la movilización. USO defiende que una convocatoria de esta dimensión requiere el mayor consenso posible y recuerda que la unidad sindical debe construirse mediante el diálogo previo y el respeto a la pluralidad.
La organización reivindica su autonomía para decidir sus acciones al margen de partidos políticos, gobiernos y organizaciones empresariales. También advierte de que las reivindicaciones laborales no deben utilizarse con fines electorales y anuncia que promoverá la participación en las urnas sin respaldar a ninguna formación política.
De cara al nuevo ciclo político, USO asegura que evaluará los compromisos del próximo Gobierno y exigirá respuestas concretas a los problemas de vivienda, empleo y salarios. El sindicato no descarta futuras huelgas u otras medidas de presión, siempre que considere justificados sus objetivos y sean aprobadas mediante sus procedimientos democráticos.
La decisión de USO marca así una posición diferenciada respecto a la huelga general del 11N: la organización afirma compartir buena parte de las reivindicaciones sociales, pero rechaza sumarse a una convocatoria cuyo calendario, interlocución institucional y proceso de preparación considera inadecuados.
