Un nuevo estudio publicado en julio de 2025 por la prestigiosa revista médica The Lancet Global Health pone en entredicho uno de los pilares de la política exterior de las potencias occidentales: las sanciones económicas unilaterales. Según el análisis, estas medidas están relacionadas con 564.258 muertes adicionales cada año en los países de renta baja y media, una cifra comparable al total global de víctimas por conflictos armados.
El trabajo, titulado “Global mortality associated with economic sanctions: a modelling study”, es el primero en cuantificar a escala mundial el impacto sanitario de las sanciones. Sus autores, un equipo internacional de epidemiólogos y economistas, utilizaron datos de 183 países entre 1990 y 2021 para evaluar el efecto de las sanciones sobre los índices de mortalidad. El resultado es contundente: estas medidas de presión matan, y lo hacen en silencio.
Medio millón de muertes evitables… cada año
Los datos muestran que, entre 1990 y 2021, hubo un incremento medio del 1,7 % en la mortalidad general atribuible a sanciones económicas unilaterales. Esto equivale, a nivel global, a más de 560.000 muertes adicionales anuales, muchas de ellas por causas evitables como enfermedades infecciosas, desnutrición o falta de acceso a medicamentos esenciales.
Uno de los hallazgos más graves es que más de la mitad de estas muertes se concentran en niños y niñas menores de 5 años. En países sometidos a sanciones, la mortalidad infantil aumentó un 3,1 %, y la mortalidad materna un 6,4 %, revirtiendo décadas de progresos en salud pública.
“Las sanciones no son una alternativa benigna a la guerra”, advierten los autores. “Tienen un impacto severo y documentado en la salud de poblaciones vulnerables”.
¿Qué tipo de sanciones?
El estudio se centra en las denominadas sanciones unilaterales, es decir, aquellas impuestas sin respaldo del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. En la práctica, esto significa sanciones adoptadas por Estados Unidos, la Unión Europea o sus aliados, de forma directa y por motivos geopolíticos.
Se trata de restricciones comerciales, bloqueos financieros, prohibiciones de transferencia tecnológica o limitaciones al acceso de ayuda internacional. Países como Irán, Venezuela, Siria, Corea del Norte, Cuba, Afganistán o Zimbabue han estado sometidos a estas medidas durante años, a menudo sin vías claras de reversión o alivio.
Según el estudio, los efectos negativos son más agudos cuando las sanciones afectan a sectores clave como energía, salud, transporte o finanzas. Además, cuanto más duraderas son las sanciones, mayor es el impacto sobre la esperanza de vida.
Sanciones y ayuda internacional: un cóctel mortal
El informe también se relaciona con otros trabajos recientes que denuncian los efectos indirectos de las sanciones. Por ejemplo, un artículo de El País publicado en marzo de 2025 señalaba que la interrupción de la ayuda exterior a causa de sanciones había incrementado la mortalidad materna e infantil en países del Sahel y el Cuerno de África.
Según ese análisis, países que dejaron de recibir cooperación sanitaria registraron aumentos de hasta el 12 % en mortalidad infantil en zonas rurales, al no poder sostener campañas de vacunación o partos asistidos.
Por su parte, el Centro de Investigación en Economía y Política (CEPR, por sus siglas en inglés) alertó en 2019 que las sanciones impuestas a Venezuela por EE.UU. causaron directamente entre 40.000 y 60.000 muertes entre 2017 y 2018, al impedir la importación de insulina, medicamentos oncológicos o repuestos médicos.
¿Y los objetivos políticos?
Una de las conclusiones más reveladoras del estudio es que las sanciones rara vez logran sus objetivos políticos. De hecho, no hay evidencia sólida de que hayan producido mejoras democráticas o avances en derechos humanos en los países sancionados.
En cambio, hay una amplia documentación sobre cómo las sanciones refuerzan las élites internas, aumentan la represión y agravan la desigualdad. “No castigan a los gobiernos, sino a los ciudadanos”, señala la politóloga Joy Gordon, experta en sanciones internacionales.
Además, los países sancionados tienden a desarrollar mecanismos alternativos de comercio, generalmente con potencias como China o Rusia, lo que fragmenta aún más el orden multilateral.
¿Y la legalidad internacional?
El uso de sanciones unilaterales también es polémico desde el punto de vista jurídico. Aunque Naciones Unidas permite medidas coercitivas colectivas a través del Consejo de Seguridad, las sanciones impuestas de forma unilateral carecen de base legal clara en el derecho internacional.
De hecho, en múltiples resoluciones —como la A/RES/74/200 de la Asamblea General de la ONU— se ha instado a los países a no utilizar sanciones como herramienta de presión política, debido a sus “graves consecuencias humanitarias”. Sin embargo, estas resoluciones no son vinculantes, y las potencias occidentales han seguido expandiendo su régimen sancionador.
Una llamada a la rendición de cuentas
El estudio de The Lancet Global Health no es solo una alerta científica, sino una llamada ética a los responsables políticos. Exige que las sanciones sean evaluadas en términos de salud pública y derechos humanos, y que se abandonen aquellas que causen daños desproporcionados a la población civil.
“Hay que introducir principios humanitarios en el diseño y aplicación de sanciones”, afirma el informe. “De lo contrario, estaremos repitiendo, con menos ruido pero igual dolor, las atrocidades de los conflictos armados”.
Las sanciones económicas no son una alternativa suave a la guerra. Son una forma de violencia estructural que mata en silencio, lejos de los focos, sin tanques ni drones.
En lugar de presionar a gobiernos autoritarios, terminan asfixiando a las poblaciones más pobres y vulnerables del planeta. Y lo hacen bajo la bandera de los derechos humanos.
En un mundo donde cada muerte evitable es un fracaso colectivo, quizás ha llegado la hora de revisar con seriedad el uso —y el abuso— de estas herramientas de castigo económico.
