Activistas de Greenpeace han teñido esta mañana de rojo sangre el agua de la fuente de Neptuno, en la Plaza de Cánovas del Castillo, a escasos metros del Congreso de los Diputados. La acción, realizada con tinte biodegradable, ha sido una denuncia visual del genocidio que Israel perpetra en Gaza, y una exigencia directa al Gobierno español: ¡embargo total de armas a Israel ya!
La organización ecologista acompaña esta intervención simbólica con una llamada urgente a la movilización social. Este sábado 10 de mayo, a las 12:00 h, tendrá lugar una gran manifestación estatal en solidaridad con el pueblo palestino, que partirá de Atocha y llegará hasta Sol. Se espera una asistencia masiva.
España sigue manchándose las manos de sangre
Desde el 7 de octubre de 2023, el Gobierno español ha adjudicado 46 contratos a la industria militar israelí por más de 1.000 millones de euros. Aunque el Ejecutivo afirma haber suspendido las relaciones armamentísticas, informes como el de Centre Delàs desmontan ese relato: nunca antes las conexiones militares entre España e Israel habían sido tan intensas.
En palabras de Valentina Carvajal, portavoz de Greenpeace:
“Mientras Israel comete un genocidio retransmitido en directo, España continúa alimentando su maquinaria de guerra. Lo que pedimos no es caridad, sino justicia: ¡embargo total ya! Cualquier actividad económica o militar con Israel es complicidad con el exterminio del pueblo palestino.”
Desde octubre de 2023, más de 60.000 personas han sido asesinadas en Gaza, muchas de ellas niñas y niños. La ofensiva militar israelí, respaldada por EE. UU. y tolerada por la Unión Europea, ha destruido hospitales, escuelas, centros de refugiados y toda infraestructura civil básica. El bloqueo al suministro de comida, medicinas y agua convierte a Gaza en un campo de exterminio a cielo abierto.
Greenpeace recuerda que, además de los contratos ya firmados, siguen pendientes diez adjudicaciones más por valor de 817 millones de euros. Empresas como Elbit Systems, Rafael y Guardian Homeland Security, conocidas por probar su armamento sobre población civil palestina, siguen recibiendo fondos públicos españoles.
Balas israelíes para la Guardia Civil
En Semana Santa, el Ministerio del Interior adjudicó a IMI Systems LTD un contrato para la compra de 15 millones de balas por más de 6 millones de euros. Tras la presión ciudadana, el Gobierno anunció su paralización, pero la cancelación no se ha formalizado. Greenpeace exige que esta compra sea anulada definitivamente.
España debe dejar de ser cómplice
En julio de 2024, más de 500 organizaciones —entre ellas Greenpeace— impulsaron una Proposición de Ley en el Congreso para establecer un embargo total de armas a Israel.
“No faltan pruebas ni razones, solo falta voluntad política”, denuncian desde Greenpeace. “España debe romper toda relación militar, comercial y diplomática con un Estado que viola impunemente los derechos humanos más elementales.”
Un mar de impunidad
Greenpeace también denuncia el ataque con drones perpetrado el pasado 3 de mayo en aguas internacionales contra el barco Conscience, que llevaba ayuda humanitaria a Gaza. Este ataque, que puso en peligro la vida de 16 personas, constituye una grave violación del derecho internacional humanitario.
