OPINIÓN · DERECHOS HUMANOS EN PELIGRO DE EXTINCIÓN
Introducción: Cuando el poder avanza, los derechos se convierten en un obstáculo
Los derechos humanos no son un homenaje ni un recuerdo honorable del pasado. Son un campo de conflicto permanente. No existen para decorar discursos institucionales ni para tranquilizar conciencias democráticas, sino para poner límites al poder cuando este deja de reconocerlos. Y hoy, ese límite está siendo sistemáticamente desbordado.
Cerrar el mes dedicado a los derechos humanos no debería ser un acto ceremonial, sino un momento de confrontación con la realidad. Porque el balance es demoledor. Como documenta el análisis de Momen Mezouar, el mundo vive un retroceso acelerado y consciente de los derechos fundamentales, comparable al de los años treinta del siglo XX. No es una crisis puntual: es una deriva estructural, sostenida por gobiernos, instituciones y élites que han aprendido a gestionar la vulneración sin asumir el coste político del escándalo.
Los derechos no desaparecen de un día para otro. Se erosionan por agotamiento. Por el silencio cómplice de quienes deberían defenderlos. Por el cálculo de quienes prefieren no incomodar al poder. Por la normalización de la injusticia cuando esta se presenta como inevitable. La banalización de la violación de derechos no es un efecto colateral: es una estrategia.
En este contexto, la actualidad reciente añade una evidencia incómoda y reveladora: la corrupción sociopolítica ligada al abuso de poder, donde cargos públicos, dirigentes, responsables institucionales o figuras de autoridad utilizan su posición para exigir, condicionar o forzar favores sexuales. No hablamos de excesos individuales ni de “malas conductas”: hablamos de violaciones directas de derechos humanos, amparadas por jerarquías, dependencias y sistemas diseñados para proteger al agresor y aislar a la víctima.
Cuando el poder se vuelve impune, el cuerpo de los más vulnerables se convierte en territorio de conquista. El consentimiento desaparece allí donde existe miedo, dependencia o amenaza. Y cada silencio institucional, cada minimización del daño, cada intento de reducir estos hechos a anécdotas personales refuerza la arquitectura del abuso.
Por eso, reivindicar los derechos humanos al final de su mes conmemorativo no es un gesto simbólico, sino un acto de resistencia política. Porque lo que está en juego no es la vigencia formal de una declaración de 1948, sino la supervivencia misma de la dignidad humana como límite efectivo al poder. Cuando los derechos dejan de incomodar, dejan de existir. Este díptico, o doble artículo de opinión, profundiza, sin celebrar nada, pero sí señala responsabilidades:
- No pretende consenso, sino claridad.
- No busca cerrar el debate, sino abrirlo donde más duele.
La segunda parte de este díptico, firmada por Juan Celdrán, entra de lleno en esa zona que muchos prefieren no mirar: el abuso sexual como herramienta de dominación política y social, una de las expresiones más descarnadas del fracaso contemporáneo en la defensa de los derechos humanos.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos
Momen Mezouar
I. Un pacto fundacional en riesgo
En 1948, tras los escombros morales, políticos y humanos de la Segunda Guerra Mundial, la comunidad internacional proclamó la Declaración Universal de los Derechos Humanos con un objetivo inequívoco: impedir que los horrores del siglo XX volvieran a repetirse. Aquel texto, nacido del consenso entre culturas, ideologías y sistemas políticos diversos, aspiraba a convertirse en un faro ético universal, un suelo mínimo de dignidad compartida.
Hoy, 76 años después, ese faro parpadea. Y lo hace de forma alarmante.
El retroceso global es tan profundo que el propio Secretario General de Naciones Unidas, António Guterres, lanzó una advertencia que no admite ambigüedades: “Los derechos humanos están retrocediendo a una velocidad no vista desde la década de 1930.” [1].
No se trata de una metáfora, sino de una constatación respaldada por datos.
[1] Nueva York ONU – Declaraciones del 10 de diciembre de 2025: Mensaje en vídeo del Secretario General, a la Reunión, sobre la Declaración de Principios para la Observación Internacional de Elecciones
10 de diciembre de 2025
Nueva York, ONU
Mensaje del Secretario General con motivo del Día de los Derechos Humanos
Declaraciones | António Guterres, Secretario General
Hace casi ochenta años, la Declaración Universal de los Derechos Humanos definió lo que toda persona necesita para sobrevivir y prosperar. Fue un avance filosófico y político —y desde entonces ha sido el pilar fundamental de nuestra comunidad global.
Los derechos humanos —civiles, políticos, económicos, sociales y culturales— son inalienables, indivisibles e interdependientes. Pero en los últimos años hemos asistido a una reducción del espacio cívico. Existen violaciones graves que señalan un desprecio flagrante por los derechos, así como una indiferencia cruel ante el sufrimiento humano.
Juntos, tenemos el poder de afrontar estas injusticias: protegiendo las instituciones que hacen de los derechos humanos una realidad vivida.
Cada día, las Naciones Unidas ayudan a personas de todo el mundo a hacer efectivos sus derechos más básicos. Junto con la sociedad civil y los gobiernos, entregamos alimentos y proporcionamos refugio; apoyamos la educación y los procesos electorales; despejamos minas; defendemos el medio ambiente; empoderamos a las mujeres; y trabajamos por la paz.
Pero no podemos hacerlo solos. Esta labor depende de que todas las personas, en todas partes, den un paso al frente. Cuando protegemos a los más vulnerables, cuando nos negamos a mirar hacia otro lado, cuando alzamos la voz en defensa de las instituciones que nos defienden, mantenemos vivos los derechos humanos.
Nuestros derechos nunca deberían quedar en segundo plano frente al beneficio o al poder. Unámonos para protegerlos, por la dignidad y la libertad de todas las personas.
[2] Informe Tendencias Globales de Desplazamiento Forzado en 2024
El informe Tendencias Globales de ACNUR presenta las principales tendencias estadísticas y los datos oficiales más recientes sobre personas refugiadas, solicitantes de asilo, desplazadas internas y apátridas a nivel mundial. A finales de 2024, en el mundo había 123,2 millones de personas desplazadas por la fuerza por causa de conflictos, violencia, persecución, violaciones de los derechos humanos y eventos que perturbaron gravemente el orden público.
[3] Desde 1973, Freedom House ha evaluado la condición de los derechos políticos y las libertades civiles en todo el mundo. Lo utilizan periódicamente formuladores de políticas, periodistas, académicos y activistas.
El informe Libertad en el mundo se compone de calificaciones numéricas y textos descriptivos de respaldo para 195 países y 13 territorios. Los analistas externos evalúan 208 países y territorios, utilizando una combinación de investigaciones sobre el terreno, consultas con contactos locales e información de artículos de noticias, organizaciones no gubernamentales, gobiernos y una variedad de otras fuentes. Luego, asesores expertos y especialistas regionales examinan las conclusiones de los analistas. El producto final representa el consenso de los analistas, asesores y personal de Freedom House.
Para cada país y territorio, Libertad en el mundo analiza el proceso electoral, el pluralismo político y la participación, el funcionamiento del gobierno, la libertad de expresión y de creencias, los derechos asociativos y organizativos, el Estado de derecho y la autonomía personal y los derechos individuales.
Archivos de datos históricos y comparativos:
[4] Amnistía Internacional – La situación de los derechos humanos en el mundo: abril de 2025
En su Informe Anual 2025, La situación de los derechos humanos en el mundo, Amnistía Internacional analiza acontecimientos nacionales, regionales y globales desde una perspectiva integral de derechos humanos, identificando tendencias estructurales en las violaciones del derecho internacional humanitario, la represión de la disidencia, la discriminación, la injusticia económica y climática y el uso indebido de la tecnología para vulnerar derechos.
El informe documenta retrocesos graves en 150 países durante 2024, vinculándolos a dinámicas regionales y globales, y alerta de un deterioro acelerado provocado por el auge de leyes autoritarias, los ataques a la libertad de expresión y de prensa, las detenciones arbitrarias y la represión de la sociedad civil, especialmente visibles en países como Irán, Rusia y Turquía.
Entre los patrones comunes destacan el endurecimiento autoritario, la criminalización del activismo y el periodismo, la restricción del espacio cívico —incluidos estudiantes y manifestantes—, el impacto desestabilizador de liderazgos autoritarios en la protección internacional de derechos, y la multiplicación de conflictos armados que desmantelan los sistemas multilaterales de protección.
El Informe Anual de Amnistía Internacional se consolida así como un documento clave para comprender el retroceso global de los derechos humanos y subraya la necesidad urgente de resistencia y rendición de cuentas frente a regímenes y prácticas represivas.
[5] Vivir sin ellos: historias de familias que quedaron atrás
Decenas de miles de familias en todo el mundo son parientes desaparecidos que partieron para migrar a otro país y no se ha vuelto a saber de ellos. En 2019-2020, el Centro de Análisis de Datos Migratorios Globales (GMDAC) de la OIM y un equipo de investigadores independientes llevaron a cabo un proyecto en Etiopía, España, el Reino Unido y Zimbabwe para comprender mejor las experiencias y los desafíos que enfrentan las familias en estos países mientras buscan para sus familiares migrantes desaparecidos. Como parte del proyecto, se desarrolló una serie de podcasts de cuatro partes que analizaban los hallazgos de la investigación, organizada por el equipo del Proyecto Migrantes Desaparecidos y producida por la División de Medios y Comunicaciones de la OIM. La serie de podcasts explora cómo las familias buscan incansablemente respuestas sobre sus seres queridos, a pesar de tener tan poco apoyo formal en el camino.
HABLAN 3 FAMILIAS DE INMIGRANTES DESAPARECIDOS:
[6] Informe sobre homofobia patrocinado por el Estado: última edición
- La última actualización del ILGA World’s Homofobia patrocinada por el Estado el informe se publicó el 15 de diciembre de 2020. Descargar el ILGA World de diciembre de 2020 Homofobia patrocinada por el estado informe – Actualización de la descripción general de la legislación global en ingles | en español
- Buscando el mapas ¿sobre las leyes de orientación sexual en el mundo? Haga clic aquí
[7] Índice Mundial de Libertad de Prensa RSF 2025: la fragilidad económica es una de las principales amenazas a la libertad de prensa
De los cinco indicadores principales que determinan el Índice Mundial de Libertad de Prensa, el indicador que mide las condiciones financieras del periodismo y la presión económica sobre la industria arrastró hacia abajo la puntuación general mundial en 2025.
El indicador económico del Índice Mundial de Libertad de Prensa RSF 2025 se encuentra en su punto más bajo de la historia y la situación global ahora se considera “difícil.”
II. Un retroceso documentado
Lejos de tratarse de percepciones ideológicas o diagnósticos alarmistas, el retroceso de los derechos humanos está respaldado por datos verificables, series históricas consolidadas y organismos internacionales independientes. La evidencia empírica revela una tendencia sostenida y transversal que afecta a todas las regiones del planeta y a la práctica totalidad de los derechos consagrados en 1948.
- Las cifras confirman que la Declaración Universal está siendo vulnerada en sus pilares esenciales:
- 114 millones de personas desplazadas forzosamente en 2024, la cifra más alta jamás registrada, según ACNUR [2].
- 18 años consecutivos de declive democrático global, de acuerdo con Freedom House [3].
- Más del 80 % de la población mundial vive en países donde se producen violaciones graves de derechos fundamentales, según Amnistía Internacional [4].
- El Mediterráneo se ha consolidado como un cementerio migratorio, con más de 28.000 muertes desde 2014, documentadas por la OIM [5].
- 70 países siguen criminalizando la homosexualidad, según ILGA World [6].
- 52 Estados ejercen una represión severa de la libertad de prensa, de acuerdo con la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa 2024 de RSF [7].
- No son anomalías aisladas: configuran un patrón sistémico de regresión
Este patrón se expresa en la normalización del autoritarismo, en la erosión deliberada de los contrapesos democráticos, en la criminalización de la disidencia y en la selectiva aplicación de la ley según intereses de poder. La acumulación de estos indicadores no solo describe una crisis coyuntural, sino un cambio estructural en la forma en que Estados e instituciones gestionan —o vulneran— la dignidad humana…
III Cuatro ejemplos que exigen una respuesta
Algunos escenarios contemporáneos ilustran con crudeza este deterioro, mostrando que las violaciones no son episodios aislados, sino manifestaciones concretas de un retroceso sistemático de la dignidad humana y de la protección internacional que debería garantizar la Declaración Universal
[8] Actualización sobre la situación humanitaria #350 | Cisjordania
1. Gaza
En Gaza, las operaciones militares han causado más de 35.000 muertes civiles, con un impacto desproporcionado sobre la infancia. La Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU (OCHA) documenta la magnitud de la tragedia [8], mientras UNICEF alerta de que “un niño muere o resulta herido cada diez minutos” [9]. La inacción internacional frente a estos crímenes resalta la parálisis de los mecanismos de protección y la politización de la ayuda humanitaria, que convierte a la población civil en víctimas perpetuas de un conflicto que se prolonga sin resolución.
[9] Para los niños y niñas en zonas de conflicto, 2024 ha sido “uno de los peores años de la historia de UNICEF”: no podemos permitir que esta sea la nueva normalidad
NUEVA YORK, 28 de diciembre de 2024 – La repercusión de los conflictos armados sobre los niños y niñas de todo el mundo ha alcanzado niveles devastadores –y, probablemente, sin precedentes– en 2024, según un análisis de UNICEF sobre los datos más recientes disponibles y las tendencias mundiales predominantes.
Se calcula que más niños y niñas que nunca están viviendo en zonas de conflicto o se encuentran desplazados por la fuerza a causa de las guerras y la violencia. Los derechos de la infancia se ven sistemáticamente vulnerados en este tipo de situaciones, y un número récord de niños y niñas afectados por conflictos han muerto o han resultado heridos, se han visto obligados a abandonar la escuela, no han recibido las vacunas esenciales o padecen graves niveles de desnutrición.
2. Ucrania
En Ucrania, la invasión rusa ha provocado más de seis millones de refugiados y miles de víctimas civiles, reintroduciendo en Europa crímenes de guerra que se creían erradicados [10]. La evidencia de ejecuciones, bombardeos indiscriminados y desplazamientos forzados subraya la fragilidad del orden internacional, incapaz de prevenir y sancionar violaciones masivas a los derechos fundamentales.
[10] La guerra en Ucrania profundiza la crisis humanitaria en medio de una escalada de ataques
El conflicto armado entre Ucrania y la Federación de Rusia entró en su cuarto año en 2025, sin alto el fuego ni resolución política a la vista. Las necesidades humanitarias se han profundizado a medida que la intensificación de los ataques causa importantes víctimas civiles e impulsa nuevos desplazamientos. Para septiembre 2025, 5,75 millones se registraron refugiados de Ucrania en todo el mundo, incluidos 5,2 millones en Europa, mientras que 3,75 millones de personas seguían desplazadas internamente.
Sobre 12,7 millones de personas dentro de Ucrania necesitaban asistencia humanitaria, muchos de los cuales han sido desplazados varias veces. Las hostilidades se intensificaron en 2025, con un aumento de los ataques aéreos contra infraestructuras críticas que provocaron importantes cortes de energía y agua, lo que generó preocupación antes del invierno.
Las bajas civiles aumentaron un 31% respecto a 2024, y al menos desde febrero de 2022 Se han documentado 14.383 muertes de civiles y 37.541 heridos. Aunque alrededor de un millón de refugiados y desplazados internos han regresado voluntariamente, la inseguridad generalizada, las viviendas dañadas y el acceso limitado a los servicios obstaculizan el retorno sostenible. Continúa el desplazamiento desde las zonas de primera línea, lo que pone a prueba los centros de tránsito y los sitios colectivos.
3. China
En China, al menos un millón de uigures permanecen sometidos a detención arbitraria, vigilancia masiva y represión cultural, en una violación directa del Artículo 5 de la Declaración, según la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos [11]. Este control sistemático evidencia la transformación del Estado en un aparato de represión tecnológica y cultural, donde la disidencia y la identidad minoritaria se convierten en delitos de facto.
[11] Informe de la ONU: China es responsable de «graves violaciones de los derechos humanos» en la provincia de Xinjiang«
Este documento constituye la evaluación oficial de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OHCHR) sobre las violaciones de derechos humanos en la Región Autónoma Uigur de Xinjiang (República Popular de China), publicada el 31 de agosto de 2022 y basada en una revisión rigurosa de múltiples fuentes de evidencia y metodologías especializadas en derechos humanos (ECOI).
En dicho informe, la OHCHR documenta patrones sistemáticos de detención arbitraria, restricciones discriminatorias de derechos fundamentales, tortura, violencia sexual y otras formas de trato abusivo contra la población uigur y otras minorías musulmanas, concluyendo que estas prácticas podrían constituir crímenes internacionales, incluidos crímenes contra la humanidad. El análisis examina de manera detallada el uso de la legislación antiterrorista por parte de las autoridades chinas en Xinjiang, abordando el marco legal, el encarcelamiento y otras formas de privación de libertad, la situación en los llamados “Centros de Educación y Formación Profesional”, así como graves preocupaciones relativas a la libertad religiosa, el idioma, la identidad cultural, la privacidad, la libertad de movimiento, la separación familiar y las represalias.
- Țara: China
- Fuente: ACNUDH – Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Autor)
- Publicado: 31 de agosto del 2022
- Enlace original: https://www.ohchr.org/sites/default/files/documents/countries/2022-08-31/22-08-31-final-assesment.pdf
- Tipo de documento: Informe Especial o Analítico
- Idioma Original: Inglés
- ID del documento: 2078213
4. Afganistán
En Afganistán, las mujeres han sido privadas de educación, trabajo y libertad de movimiento. ONU Mujeres define esta situación como “la mayor regresión de derechos de género en la historia contemporánea” [12]. La negación de derechos fundamentales a la mitad de la población simboliza no solo un fracaso humanitario, sino también la complicidad global silenciosa ante el retroceso de la igualdad de género y la dignidad humana..
IV. La amenaza silenciosa: la indiferencia
Más allá de las violaciones en sí mismas, la mayor señal de alarma es su normalización sistemática, un fenómeno que erosiona los cimientos mismos de la civilización democrática y humanista:
- La apatía global.
- La aceptación pasiva.
- La erosión del escándalo.
Cada acto de indiferencia, cada silencio cómplice ante la injusticia, fortalece a los perpetradores y socava la esperanza de quienes buscan justicia. La indiferencia no es neutra: es un terreno fértil donde proliferan la impunidad y la consolidación de regímenes autoritarios.
La filósofa Hannah Arendt advirtió que la banalidad del mal no reside en la crueldad explícita, sino en la ausencia de pensamiento, en la indiferencia colectiva [13]. Ese mismo escenario —la renuncia moral a reaccionar— vuelve a emerger en pleno siglo XXI, alimentado por la desinformación, los intereses políticos y la fatiga emocional de una ciudadanía que observa sin actuar.
Hoy, ignorar estas violaciones equivale a ser coautor de un retroceso global sin precedentes, donde la normalización de la injusticia amenaza con convertir los derechos humanos en un ideal simbólico vacío, condenado a la letra muerta de los tratados y resoluciones olvidadas.
[13] Eichmann en Jerusalén: un informe sobre la banalidad del mal
Eichmann en Jerusalén: un informe sobre la banalidad del mal es un libro de 1963 del filósofo y pensador político Hannah Arendt. Arendt, a Judío quien huyó de Alemania durante El ascenso al poder de Adolf Hitler, informó sobre el juicio de Adolfo Eichmann, uno de los principales organizadores de el Holocausto, para El neoyorquino. En 1964 se publicó una edición revisada y ampliada.
Tema
El subtítulo de Arendt introdujo la famosa frase «la banalidad del mal». En parte, la frase se refiere al
comportamiento de Eichmann en el juicio, ya que el hombre no mostró culpa por sus acciones ni odio hacia quienes lo juzgaron, alegando que no tenía ninguna responsabilidad porque simplemente lo era «haciendo su trabajo.» («Él cumplió con su ‘deber’…; no sólo obedeció ‘órdenes’, sino que también obedeció la ‘ley'»)[1]
V. ¿Un documento en peligro de extinción?
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue concebida para impedir que la humanidad repitiera su historia más oscura, para garantizar que el sufrimiento extremo, la discriminación sistemática y la opresión institucionalizada no se convirtieran en norma. Hoy, sin embargo, el mundo parece haber olvidado su propósito fundacional, dejando que los derechos básicos se negocien al margen de la ética y la justicia, como simples herramientas al servicio de intereses políticos o económicos.
Si este retroceso continúa, no solo perderemos un documento jurídico: perderemos la idea misma de dignidad humana como valor universal, ese principio que distingue la humanidad de la barbarie y que debe guiar cada acción política, social y cultural.
- La advertencia es clara.
- Y el tiempo, escaso.
La humanidad debe decidir si quiere seguir defendiendo aquel pacto histórico, sosteniendo su vigencia con vigilancia activa, sanciones efectivas y compromiso ciudadano, o si prefiere dejarlo caer —en silencio— en el archivo de las promesas rotas, entregando las futuras generaciones a un mundo donde la indiferencia y la impunidad reemplacen la justicia y la solidaridad.
Fuentes y referencias
| Nº | Organización / Fecha | Fuente | Enlace |
|---|---|---|---|
| 1 | Naciones Unidas 10 de diciembre de 2025, Nueva York | Mensaje del Secretario General en el Día de los Derechos Humanos | Mensaje del Secretario General en el Día de los Derechos Humanos |
| 2 | ACNUR | Tendencias Globales de Desplazamiento Forzado en 2024 | Tendencias Globales de Desplazamiento Forzado en 2024 |
| 3 | Freedom House | Informe Libertad en el Mundo | Informe Libertad en el Mundo |
| 4 | Amnistía Internacional | La situación de los derechos humanos en el mundo: abril de 2025 | La situación de los derechos humanos en el mundo: abril de 2025 |
| 5 | Organización Internacional para las Migraciones (OIM) | PROYECTO MIGRANTES DESAPARECIDOS | PROYECTO MIGRANTES DESAPARECIDOS |
| 6 | ILGA World | Informe sobre homofobia patrocinado por el Estado: última edición | Informe sobre homofobia patrocinado por el Estado: última edición |
| 7 | Reporteros Sin Fronteras (RSF) | Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa 2024 | Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa 2024 |
| 8 | OCHA – Naciones Unidas | Actualización sobre la situación humanitaria #350 | Cisjordania | Actualización sobre la situación humanitaria #350 | Cisjordania |
| 9 | UNICEF | Para los niños y niñas en zonas de conflicto, 2024 ha sido “uno de los peores años de la historia de UNICEF”: no podemos permitir que esta sea la nueva normalidad | Para los niños y niñas en zonas de conflicto, 2024 ha sido “uno de los peores años de la historia de UNICEF”: no podemos permitir que esta sea la nueva normalidad |
| 10 | ACNUR | Emergencia en Ucrania | Emergencia en Ucrania |
| 11 | Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (OHCHR) | Informe de la ONU: China es responsable de «graves violaciones de los derechos humanos» en la provincia de Xinjiang | Informe de la ONU: China es responsable de «graves violaciones de los derechos humanos» en la provincia de Xinjiang |
| 12 | ONU Mujeres | Estado de los derechos de las mujeres en Afganistán | Estado de los derechos de las mujeres en Afganistán |
| 13 | Hannah Arendt | Eichmann en Jerusalén: un informe sobre la banalidad del mal | Eichmann en Jerusalén |
Nota editorial de enlace
Del colapso de los derechos universales al abuso concreto del poder
El Día Internacional de los Derechos Humanos no conmemora una victoria: expone una grieta. Funciona como un espejo roto del presente, fragmentado y lleno de preguntas incómodas: ¿qué queda hoy de aquella promesa universal?, ¿qué valor real conserva un derecho proclamado en voz alta y vulnerado en silencio?
La primera parte de este dossier ha demostrado que el retroceso de los derechos humanos no es una abstracción ni un fenómeno lejano. Está documentado, es sistémico y avanza tanto en los escenarios más visibles —guerras, desplazamientos forzados, represión— como en espacios que se autodefinen democráticos. Los derechos no desaparecen de golpe: se erosionan por costumbre, por cálculo político, por miedo a incomodar al poder.
Pero el poder no solo oprime con tanques o leyes de excepción. También abusa, coacciona y somete desde posiciones de autoridad legitimadas: en instituciones, partidos, empresas, universidades o espacios culturales. Allí donde la jerarquía se convierte en impunidad y la dependencia en silencio forzado, la violación de derechos adopta una forma especialmente perversa: el uso del poder para obtener favores sexuales no deseados, mediante presión, amenaza o chantaje.
Ese abuso —menos visible que una guerra, pero igual de devastador— no es un fenómeno marginal ni anecdótico. Es una expresión directa del mismo colapso ético descrito en la primera parte: cuando la dignidad humana deja de ser un límite infranqueable y pasa a ser una moneda de cambio. Cuando la rendición de cuentas se sustituye por el encubrimiento y la protección corporativa.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos nació para proteger al individuo frente al abuso del poder. Hoy, ese poder se presenta de forma más sofisticada: silenciosa, burocrática, íntima, capaz de destruir sin hacer ruido. Nombrarlo, investigarlo y confrontarlo es una obligación democrática, no una opción moral.
[1] Saldremos Mejores y Podium Podcast – NEVENKA ES HISTORIA DE ESPAÑA
Conversación con Nevenka Fernández, la primera mujer en denunciar y ganar un juicio por acoso sexual contra un cargo político. Casi 25 años después, nos cuenta cómo vivió en primera persona el caso Nevenka, que ya es historia de España.
Derechos humanos en España: cuando el abuso de poder deja de ser una excepción y se convierte en sistema
Juan Celdrán Navarro
CORRUPCIÓN Y ACOSO SEXUAL EN LA POLÍTICA
I. Punto de partida: representación política y violencia estructural
Partiendo de la base más que lógica, de que los representantes políticos que tenemos son un reflejo bastante fiel de la clase de personas que componen la sociedad, es bastante razonable pensar que en la actualidad en nuestro país el camino para vivir en un modelo donde los casos de abusos sexuales se resuelvan en favor de las víctimas y los culpables sean reprobados por ello, está lejos de resolverse y más que se resuelvan con rapidez. Me viene a la cabeza el caso Nevenka [1], porque vi la película hace relativamente poco y es un caso de principios del siglo XXI, fue un hito que el alcalde de Ponferrada Ismael Álvarez viera como el Tribunal Supremo el 07/11/2003 rechazaba todos los recursos presentados y ratificaba su condena, por acoso sexual, aunque se tratara de la mínima pena [2].
La sentencia fue histórica: nueve meses de prisión, que no cumplió, multa y una indemnización de 12.000 euros. Por primera vez, un político en activo era condenado por acoso sexual, además de por cohecho, en España. Pero, él siguió en el pueblo con sus negocios, siguió en política, se volvió a presentar a unas elecciones y volvió a ser cargo público por los votos de miles de vecinos de su pueblo, la víctima en cambio tuvo que abandonarlo e irse fuera incluso del país. Durante el juicio tuvo que soportar el polémico e inquisitorial interrogatorio impuesto por el fiscal del caso, José Luis García Ancos, un interrogatorio, dictado por sus prejuicios machistas, que cuestionó de forma reiterada su credibilidad y cuyo tono y contenido fueron ampliamente criticados por su carácter improcedente, generando un auténtico «clamor social de repulsa» e indignación.
[3] 07/05/2002 – La Fiscalía General acusa a García Ancos de acoso procesal a Nevenka y le retira del caso
La decisión de la Fiscalía General se basa en el informe realizado por el jefe de la Inspección, Juan José Martínez Zato, por la actuación de García Ancos en el juicio por el caso Nevenka. El citado informe señala que «desde que se anunció la apertura de las citadas diligencias, lejos de guardar el prudente y obligado silencio que un fiscal debe observar a lo largo de todo el procedimiento penal», el fiscal jefe del TSJ de Castilla y León «ha concedido entrevistas o verificado ciertas declaraciones a diferentes medios de comunicación que no ha hecho sino enrarecer más el ambiente de la tensión creado tras su forma sorprendente por inusual en un miembro del ministerio público» en su interrogatorio a Nevenka Fernández, «persona presuntamente ofendida en el indicado procedimiento».
Por todo ello el fiscal inspector determina que «a la espera de las alegaciones del fiscal jefe», y señalando que «ojalá pueda ello desvirtuarse», sus actuaciones «pueden ser tildadas en principio de un auténtico acoso procesal». El informe recoge algunas de las declaraciones públicas de José Luis García Ancos como que a él «no le hace cambiar de criterio ni Dios», «como están expedientando a todo el mundo ahora me toca a mí», «si la Fiscalía General del Estado prefiere que se mantenga otra postura que designen a otro fiscal que entienda que va a ser más objetivo que yo, que no lo van a encontrar», «a la Fiscalía han llegado una serie de escritos de señoras de éstas…» o «¿sustituirme a mí del cargo? ¡Faltaría más, por esta memez y bobadas!».
Entre todas las declaraciones realizadas en los medios de comunicación, el informe destaca las realizadas a una emisora de radio en las que «se sirvió de un testimonio prestado en la vista para concluir que del mismo se desprendía que se quería decir que Nevenka siendo una colegiala era una «putilla»».
El informe destaca el «tono desprecitativo que se aprecia en tales aseveraciones» y aunque «si bien en alguna de sus afirmaciones públicas pide perdón si a alguien ha ofendido», las explicaciones que da para justificar algunas expresiones concretas como la relacionada con las empleadas de Hipercor «indican más bien un empecinamiento en sostener lo que es en verdad insostenible». Por todo ello, añade, «basta con haber seguido con la mayor atención el desarrollo del juicio oral y las desafortunadas declaraciones del fiscal jefe» para detectar que «una serie de prejuicios está presidiendo su intervención».
La propia Fiscalía General del Estado consideró la actuación lo suficientemente grave como para abrir diligencias informativas, al entender que el interrogatorio podía resultar inapropiado, ofensivo y revictimizante, además de enrarecer, sin mesura ninguna, el tenso ambiente del juicio, y decidió apartar al fiscal del procedimiento, motivado por una acusación de acoso procesal, precisamente para preservar la corrección institucional y los derechos de la víctima [3].
La película de Icíar Bollaín [4] no pudo grabarse en el ayuntamiento de la localidad porque no dieron permiso para hacerlo en 2024, poniendo trabas a que se conozca la verdad.
En este contexto cobra pleno sentido la recuperación audiovisual y periodística del caso, como el vídeo de RTVE Noticias titulado “ERREJÓN: La PRIMERA VEZ que un POLÍTICO fue CONDENADO por ACOSO SEXUAL fue en el CASO NEVENKA”, que puede verse aquí:
👉 RTVE Noticias – Caso Nevenka: https://www.youtube.com/watch?v=6N08eqw1Ujg
Veinte años después, la historia de Nevenka Fernández no pertenece solo al pasado: sigue siendo incómoda en el presente. Dos décadas largas después de que su denuncia marcara un hito —al convertirse en el primer caso en el que un político español fue condenado por acoso sexual—, la verdad que ella encarnó continúa encontrando resistencias, silencios y formas sutiles de persecución. La vigencia del acoso sexual como problema estructural, lejos de diluirse, explica en parte por qué su relato sigue siendo incómodo para determinados poderes locales, políticos y simbólicos.
La persecución ya no adopta únicamente la forma del linchamiento explícito que sufrió a comienzos de los años 2000 —cuando fue cuestionada públicamente, estigmatizada y empujada al exilio personal—, sino que se manifiesta hoy a través de obstáculos, vetos y censuras encubiertas. Un ejemplo especialmente revelador se produjo en 2024, cuando la película de Icíar Bollaín sobre el caso Nevenka no pudo rodarse en el Ayuntamiento de Ponferrada, al no concederse los permisos necesarios. La negativa institucional, en un contexto democrático y dos décadas después de una sentencia firme, pone de manifiesto hasta qué punto persiste el miedo a la verdad y al estigma que genera. No se trata solo de una decisión administrativa: es una forma de control del relato, una traba directa al derecho a la memoria y al conocimiento público de los hechos.
Este bloqueo contrasta con la aparente normalización del debate sobre violencia sexual en la esfera pública actual. Sin embargo, como subrayan asociaciones de víctimas, la sensibilidad social ha avanzado más rápido que la protección real y el respaldo institucional. La comparación entre el caso Nevenka y episodios recientes —como los que afectan a figuras políticas contemporáneas— revela un patrón inquietante: cambian los tiempos, pero la reacción defensiva del poder frente a las denuncias persiste, especialmente cuando estas amenazan estructuras consolidadas.
Este material no solo recuerda que la denuncia de Nevenka abrió un precedente jurídico, sino que evidencia algo aún más profundo: la verdad puede ganar en los tribunales y, aun así, seguir siendo perseguida en la memoria colectiva. Que veinte años después todavía haya miedo a contar esta historia dice más del presente que del pasado. Y confirma que el acoso sexual —y la reacción contra quienes lo denuncian— sigue siendo un campo de batalla central para los derechos humanos, la democracia y la dignidad.
II. Iglesia, poder y silencio institucional
También se me ocurre pensar en el trato que han recibido hasta ahora las víctimas de los abusos sexuales en el seno de la iglesia española, hay un informe del Defensor del Pueblo [5], que cuantifica el número de casos de pederastia, es decir, adultos que pertenecen a una institución que tiene la potestad de educar a niños y niñas desde la más temprana edad, que abusan sexualmente, en muchos casos durante años, causando en algunas víctimas traumas difíciles de superar, una conducta abominable a la que la jerarquía católica española y la vaticana han mirado para otro lado [6]. Hay un dato demoledor que muestra el grado de insensibilidad con las muchas personas que lo han pasado mal por estas conductas, sólo 4 de las 70 diócesis que hay en España, colaboraron en un principio con el Defensor del Pueblo para elaborar dicho informe, más tarde o bastante más tarde lo hicieron algunas y unas cuántas no han colaborado [7]. Falta decidir cómo se va a indemnizar a las víctimas, el mismo Defensor propuso que fuera en parte el Estado, o sea todos los ciudadanos y ciudadanas, un despropósito si se considera que sea así, la iglesia católica es una institución millonaria, por lo que sería inaceptable que el Estado tuviera que pagar por los delitos sexuales de muchos curas, por lo que nos encontramos con un debate político que podría costarnos mucho dinero, esperemos que se imponga la cordura y sean los culpables los responsables.
[5] Congreso de los Diputados el 27 de octubre de 2023 – Informe sobre los abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia católica y el papel de los poderes públicos
- INFORME sobre los abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia católica y el papel de los poderes públicos (Presentado a la presidenta del Congreso de los Diputados el 27 de octubre de 2023)
- ANEXO al Informe: Localización de las alegaciones de los abusos sexuales
- RESUMEN del Informe sobre abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia católica y el papel de los poderes públicosSUMMARY in both Spanish and English: Report on sexual abuse within the Catholic Church and the role of public authorities.
[6] PROTOCOLO DE PREVENCIÓN Y ACTUACIÓN FRENTE A ABUSOS SEXUALES A MENORES Y PERSONAS VULNERABLES
Este protocolo reúne información oficial y normativa de primer nivel difundida por la Conferencia Episcopal Española (CEE) sobre su marco institucional de actuación ante los abusos sexuales, y constituye la base más directa, fiable y contrastable para analizar la respuesta formal de la Iglesia en España ante estos delitos.
El documento establece de manera expresa un sistema común y vinculante para todas las diócesis españolas, definiendo las funciones de las oficinas de protección de menores y personas vulnerables, encargadas de recibir testimonios, asesorar a las víctimas, orientar los procedimientos y cooperar con las autoridades civiles y judiciales. No se trata de una declaración de intenciones, sino de un marco normativo interno de obligado cumplimiento.
En él se fija la obligación institucional de prevenir, afrontar y responder a los abusos sexuales, tanto desde el ámbito canónico como mediante la colaboración con la justicia civil, así como el compromiso explícito de protección de menores, personas con uso imperfecto de razón y otros colectivos vulnerables. El texto también subraya la necesidad de comunicar a la Fiscalía y a las autoridades competentes cualquier indicio de delito, sin interferir ni obstaculizar los procedimientos penales.
Este posicionamiento queda formulado con claridad en la Instrucción de la Conferencia Episcopal Española sobre abusos sexuales (mayo de 2023), cuyo preámbulo afirma:
«La Iglesia en España reafirma su compromiso firme e inequívoco con la prevención de los abusos sexuales, la atención integral a las víctimas y la colaboración leal con las autoridades civiles y judiciales. Cualquier forma de abuso constituye una grave vulneración de la dignidad humana y un delito que debe ser denunciado y perseguido conforme al ordenamiento jurídico vigente.»
De manera especialmente relevante para un enfoque crítico y periodístico, el propio texto institucional añade:
«No puede admitirse ninguna actitud de encubrimiento, minimización o dilación ante denuncias de abusos. La prioridad ha de ser siempre la protección de las víctimas y el esclarecimiento de la verdad.»
Este documento es la referencia primaria más rigurosa disponible, emanada directamente de la CEE y utilizada como base institucional en el ámbito jurídico, eclesial y mediático. Precisamente por su carácter oficial y normativo —y no declarativo— permite contrastar el discurso institucional con la práctica real, evaluar responsabilidades y analizar con solidez hasta qué punto los compromisos proclamados se traducen en protección efectiva de las víctimas y rendición de cuentas.
🔗 Fuente oficial:
https://www.paradarluz.com/wp-content/uploads/2025/01/Protocolo-de-prevencion-y-actuacion-frente-a-abusos-sexuales-a-menores-y-personas-vulnerables.pdf
[7] Defensor del Pueblo – ACTUALIZACIONES 2024 del Informe sobre los abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia católica y el papel de los poderes públicos
III. La jefatura del Estado y la normalización de la impunidad
También me viene a la cabeza la actitud del que fue el Jefe del Estado hasta hace unos pocos años y que hoy sigue siendo rey emérito [8], estuvo en el mayor cargo público durante 39 años, manteniendo numerosas relaciones sentimentales al margen de su mujer la reina Sofía, alguna en una residencia oficial cercana a la suya, todo sufragado con dinero público, consentido por varios gobiernos de la democracia de diferentes colores y por la inmensa mayoría de medios de comunicación, incluso su familia, su hijo Felipe que lo relevó en el cargo, sus hijas las infantas, que aceptaban o callaban la vida que ejercía este personaje desde las más altas cotas de poder, sus comisiones en diferentes negocios, sus viajes con sus amantes, sus desapariciones de la vida pública, un modelo de corrupción consentido por todo el mundo, algo vergonzoso y deleznable, incluso por éste gobierno que ha puesto a trabajar a abogados del Estado y a fiscales para detener numerosas denuncias desde Suiza o Reino Unido contra él [9], toda la maquinaria del Estado para salvar al Borbón [10].
[9] 2 de marzo de 2022 – La Fiscalía archiva las diligencias de investigación sobre la fortuna de Juan Carlos I
🔗 Fuente : Europa Press – La Fiscalía archiva las diligencias de investigación sobre la fortuna de Juan Carlos I (2 de marzo de 2022).
Desde 2020, la figura del rey emérito Juan Carlos I ha sido objeto de múltiples diligencias de investigación abiertas por la Fiscalía del Tribunal Supremo, con participación de fiscales vinculados a la Fiscalía Anticorrupción, en relación con presuntos delitos fiscales, de blanqueo de capitales y de corrupción en negocios internacionales derivados de comisiones recibidas y fondos opacos en paraísos fiscales. Estas pesquisas incluían indagaciones sobre supuestas comisiones por el contrato del AVE a La Meca, el uso de tarjetas opacas y cuentas en jurisdicciones como Jersey.
Sin embargo, la actuación de la Fiscalía en este caso ha generado controversia por su resultado y sus implicaciones legales. El fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, firmó en marzo de 2022 los decretos de archivo de las diligencias de investigación que mantenía el Ministerio Público sobre Juan Carlos I, decisión que impide la apertura de un proceso penal. El fundamento principal de ese archivo se sintetiza en el propio decreto:
“Tras el análisis exhaustivo de las diligencias practicadas, no se aprecia la existencia de indicios suficientes de delito que permitan el ejercicio de acciones penales, concurriendo además causas que impedirían su persecución penal, como la inviolabilidad, la prescripción de los hechos o la regularización fiscal efectuada; procede acordar el archivo de las diligencias de investigación incoadas.”
Desde un punto de vista jurídico formal, esa decisión se apoyó en bases constitucionales como la inviolabilidad del jefe del Estado hasta 2014, en la prescripción de posibles hechos delictivos y en las regularizaciones fiscales voluntarias que Juan Carlos I llevó a cabo antes de que existieran procedimientos penales en marcha. Posteriormente, en 2025, la Fiscalía del Tribunal Supremo volvió a solicitar el archivo de una querella presentada en noviembre de 2024 por exmagistrados y exfiscales por delitos fiscales supuestamente cometidos entre 2014 y 2018, al considerar que no aportaba nuevos hechos ni pruebas distintas a las ya analizadas en 2022. El Tribunal Supremo, en mayo de 2025, respaldó la decisión fiscal ratificando que los hechos ya habían sido objeto de archivo razonado y que no existían elementos jurídicos suficientes para reabrir la causa.
Este conjunto de decisiones ha generado un debate crítico sobre la igualdad ante la ley y la autonomía del Ministerio Fiscal frente a la posición institucional de figuras de alto rango, porque:
- Por un lado, la decisión de archivo proviene de un órgano procesal competente y se formula conforme a parámetros constitucionales y procesales.
- Por otro, el archivo de diligencias relacionadas con un ex jefe de Estado por presuntos delitos graves, aun cuando algunos hechos hayan prescrito o quedaran amparados por la inviolabilidad, plantea cuestiones sobre la percepción pública de la justicia, la transparencia institucional y la rendición de cuentas, especialmente cuando otros investigados en el ámbito anticorrupción sí afrontan procesos penales plenos por hechos de similar naturaleza.
La investigación de la Fiscalía Anticorrupción, que en su momento también se extendió a exámenes de posibles comisiones y cuentas en el extranjero, no culminó en acusación penal directa contra Juan Carlos I, ni en acusaciones formales por blanqueo o corrupción, pese a que sí permitió regularizaciones fiscales y la recuperación de ingresos fiscales. Esto se interpreta por algunos sectores como una manifestación de asimetría jurídica entre las élites y la ciudadanía común, alimentando cuestionamientos sobre hasta qué punto el ejercicio de la función pública y la protección legal de altos cargos convergen con los principios de igualdad ante la ley y de no impunidad.
[10] Fiscalía suiza archivó investigación por corrupción contra el Rey Juan Carlos I
La fiscalía suiza decidió suspender la investigación por corrupción contra del Rey Juan Carlos I y su examante Corina Zu Sayn-Wittgenstein por falta de pruebas. Sin embargo, multó al banco Mirabaud involucrado en el caso. España aún continúa con la investigación.
Desigualdad ante la ley: procedimientos internacionales contra el rey emérito
Las investigaciones internacionales abiertas en Suiza y Reino Unido sobre el rey emérito Juan Carlos I han expuesto, con claridad, las dificultades de garantizar igualdad ante la ley cuando se trata de figuras históricamente privilegiadas. La Fiscalía suiza inició pesquisas en 2018 por presuntas comisiones ilegales vinculadas a contratos públicos, en particular relacionados con la construcción del tren de alta velocidad a La Meca. Según El Espectador, “la Fiscalía suiza abrió la causa por ‘blanqueo de dinero agravado’ luego de informaciones que indicaban que el rey emérito habría percibido comisiones ilegales en el marco de contratos públicos (…) en un comunicado, la fiscalía indicó que la instrucción no permitió establecer de manera suficiente un vínculo entre el monto recibido de Arabia Saudí y la conclusión de contratos” (El Espectador).
Este archivo de la causa refleja la complejidad y la opacidad del entramado institucional y financiero, donde la evidencia de posibles irregularidades no desemboca en responsabilidad penal directa. El hecho de que la investigación se cerrara por falta de pruebas suficientes, pese a la magnitud de los fondos implicados, subraya la percepción de una desigualdad estructural ante la ley: el acceso privilegiado a recursos, asesoramiento jurídico y la posición social elevada pueden condicionar los resultados judiciales, incluso frente a indicios significativos de conducta cuestionable.
En términos periodísticos y jurídicos, este caso evidencia que, mientras las instituciones investigan formalmente, la imparcialidad efectiva y la rendición de cuentas plena se enfrentan a barreras que no afectan de la misma manera a personas comunes. El contraste con la persecución de delitos similares por ciudadanos ordinarios resalta la persistente brecha entre principio legal y práctica judicial cuando se trata de figuras de máximo rango y reconocimiento histórico.
IV. Doble rasero democrático y patriarcado estructural
Con estos tres ejemplos relativamente recientes, quiero resaltar el cinismo y las diferentes varas de medir que tenemos en nuestro sistema democrático, a la monarquía, a la jerarquía católica y a uno de los dos grandes partidos se les consiente o se minimizan sus escándalos y conductas machistas.
Es el patriarcado incrustado en nuestro sistema social [11], el que permite que sucedan este tipo de conductas, donde los verdugos están bien vistos y las víctimas son culpabilizadas por la conducta de los primeros, algo imperdonable como sociedad.
[11] Violencia contra las mujeres y raíces estructurales — ONU Mujeres (UN Women) 🔗 https://www.unwomen.org/sites/default/files/Headquarters/Media/Publications/UN/en/EnglishStudy.pdf ONU Mujeres
Este documento oficial de ONU Mujeres (la entidad de la ONU para la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres) expone que:
- Las raíces de la violencia contra las mujeres están en las relaciones de poder históricamente desiguales entre hombres y mujeres y en la discriminación persistente en los ámbitos público y privado. ONU Mujeres
- Las disparidades de poder y las normas culturales discriminatorias sirven para negar los derechos humanos de las mujeres y perpetuar diversas formas de violencia estructural. ONU Mujeres
Este estudio es una fuente primaria importante que analiza el patriarcado como factor estructural de la violencia de género, no solo como fenómeno social sino como mecanismo que sustenta discriminación y abuso sistemáticos. ONU Mujeres
V. Una pregunta abierta a las puertas de 2026
Todo a escasos días del 2026, ¿cuánto tiempo tiene que pasar en nuestro país para que todos los casos de abusos de poder o sexual sean implacablemente perseguidos y las víctimas encuentren respaldo en los partidos políticos, en la iglesia o en cualquier parte?
Un gran reto por delante.
Fuentes y referencias
| Nº | Caso / Institución | Fuente | Enlace |
|---|---|---|---|
| 1 | Caso Nevenka Fernández | El antes y el después del caso Nevenka: el delito de acoso sexual en las dos últimas décadas 12 de mayo de 2021 | El antes y el después del caso Nevenka: el delito de acoso sexual en las dos últimas décadas |
| 2 | Tribunal Supremo | Condena a Ismael Álvarez por acoso sexual 07 de noviembre del 2003 | Condena a Ismael Álvarez por acoso sexual |
| 3 | ABC | La Fiscalía General acusa a García Ancos de acoso procesal a Nevenka y le retira del caso 07 de Mayo del 2002 | La Fiscalía General acusa a García Ancos de acoso procesal a Nevenka y le retira del caso |
| 4 |   Catálogo de Cinespañol | Película Soy Nevenka | Película Soy Nevenka |
| 5 | Defensor del Pueblo | Informe sobre los abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia católica y el papel de los poderes públicos | Informe sobre los abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia católica y el papel de los poderes públicos |
| 6 | Conferencia Episcopal Española (CEE) | Presentación de la Instrucción sobre abusos a menores e Informe «Para dar luz» | Presentación de la Instrucción sobre abusos a menores e Informe «Para dar luz» |
| 7 | Defensor del Pueblo | ACTUALIZACIONES 2024 del Informe sobre los abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia católica y el papel de los poderes públicos | ACTUALIZACIONES 2024 del Informe sobre los abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia católica y el papel de los poderes públicos |
| 8 | Rayas en el agua | ¿D. Juan Carlos de Borbón tiene necesariamente que seguir ostentando el título de honorífico de rey y formando parte de la «Familia Real»? | ¿D. Juan Carlos de Borbón tiene necesariamente que seguir ostentando el título de honorífico de rey y formando parte de la «Familia Real»? |
| 9 | Europa Press | La Fiscalía archiva las diligencias de investigación sobre la fortuna de Juan Carlos I 2 de marzo de 2022 | La Fiscalía archiva las diligencias de investigación sobre la fortuna de Juan Carlos I |
| 10 | El Espectador | Fiscalía suiza archivó investigación por corrupción contra el Rey Juan Carlos I | Fiscalía suiza archivó investigación por corrupción contra el Rey Juan Carlos I |
| 11 | ONU Mujeres (UN Women) | Violencia contra las mujeres y raíces estructurales | Violencia contra las mujeres y raíces estructurales |
Resumen conclusivo conjunto
El doble artículo expone una misma fractura desde dos planos complementarios: el colapso global de los derechos humanos y su traducción concreta en prácticas de poder abusivas dentro de las democracias formales, particularmente en España.
Los derechos humanos no están en crisis solo por guerras, desplazamientos o autoritarismos lejanos, sino por su vulneración cotidiana en sistemas que se proclaman democráticos mientras toleran la impunidad, el encubrimiento y la desigualdad estructural. La distancia entre la Declaración Universal y su aplicación real se agranda no por desconocimiento, sino por cálculo político, silencio institucional y normalización del abuso.
La corrupción y el acoso sexual en la política no aparecen como hechos aislados, sino como síntomas de arquitecturas de poder que protegen a los agresores y trasladan el coste social, laboral y psicológico a las víctimas. El abuso prospera porque existen jerarquías que blindan, partidos que priorizan la marca y mecanismos que retrasan, diluyen o neutralizan la rendición de cuentas.
El silencio no es neutral: es una forma activa de violencia. Mirar hacia otro lado, relativizar denuncias o pedir prudencia a las víctimas mientras se protege a los responsables constituye una traición directa a los principios democráticos y a la dignidad humana que los derechos humanos dicen defender.
El patriarcado y la desigualdad de poder operan como sustrato común tanto en la corrupción económica como en la violencia sexual. Donde el poder es vertical y la rendición de cuentas es débil, el abuso se reproduce como práctica estructural y no como desviación individual.
La impunidad no es un fallo del sistema, sino uno de sus resultados cuando la ética pública se privatiza, las instituciones se convierten en refugios de privilegio y la dignidad de ciertas personas pasa a ser negociable. En ese contexto, la democracia se vacía de contenido y se transforma en administración del privilegio.
El periodismo emerge como actor imprescindible: no para conmemorar principios abstractos, sino para incomodar, señalar responsabilidades y romper la pasividad que sostiene el abuso. Callar no es objetividad; es complicidad.
El mensaje final es inequívoco: sin protección efectiva a las víctimas, sin consecuencias reales para quienes abusan del poder y sin transparencia radical, no hay Estado de derecho, sino simulacro democrático. La Declaración Universal de los Derechos Humanos funciona aquí como una línea roja moral que se cruza cada vez que se tolera la corrupción, se minimiza la violencia o se sacrifica la justicia en nombre de la estabilidad.
Los derechos humanos no fracasan solo cuando caen bombas, sino cuando la impunidad se normaliza. Y una sociedad que acepta el abuso desde arriba aprende, lentamente, a vivir de rodillas.
