Izquierda Unida ha denunciado ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional la próxima llegada al puerto de Cartagena del buque Chemical Master, que partió el pasado 30 de octubre del puerto israelí de Ashdod y tiene previsto descargar el próximo martes, 11 de noviembre, unas 1.500 toneladas de ácido fosfórico en la dársena de Escombreras.
El escrito, firmado por el portavoz parlamentario y responsable federal de Justicia e Interior de Izquierda Unida, Enrique Santiago, y por el letrado Juan Moreno, pide a la Fiscalía que investigue la posible comisión de delitos de contrabando y vulneración del Derecho Internacional Humanitario, así como que se adopten medidas cautelares para bloquear la carga.
La denuncia alerta de que el cargamento, destinado a la filial de la multinacional israelí ICL en Cartagena, procede de territorios palestinos ocupados por el ejército israelí en el Mar Muerto, y que sus beneficios “facilitan la perpetración de graves delitos contra la comunidad internacional”.
Desde la Región de Murcia, la coordinadora regional de IU-Verdes, Penélope Luna, ha reclamado que se impida la descarga del barco y que se actúe “con la máxima firmeza” para frenar este tipo de operaciones: “Cartagena no puede ser cómplice del saqueo de recursos palestinos ni del negocio de una ocupación ilegal que causa muerte y destrucción”.
Luna ha recordado que no es la primera vez que ocurre: “En septiembre ya descargó aquí otro buque, el ‘Trans Tind’, con material procedente también de Israel. No estamos ante un hecho puntual, sino ante una ruta comercial consolidada que convierte nuestro puerto en una pieza más del expolio”.
IU-Verdes ha recordado que este tipo de operaciones podrían vulnerar el Real Decreto-ley 10/2025, aprobado en septiembre, que prohíbe la importación de productos originarios de asentamientos israelíes en territorios ocupados y refuerza el embargo de materiales a Israel.
“Exigimos que se apliquen las medidas del Real Decreto y que se impida la descarga del Chemical Master. No es solo una cuestión legal, es una cuestión ética. Cada tonelada descargada aquí contribuye a sostener el genocidio que Israel perpetra contra el pueblo palestino”, ha afirmado Luna.
La coordinadora regional ha recordado además que, según el portal de investigación Who Profits, ICL mantiene concesiones de explotación en la Cisjordania ocupada hasta 2030, lo que demuestra la conexión directa entre su actividad empresarial y la ocupación militar.
“Si el Estado español ha asumido la obligación de cortar relaciones comerciales con los asentamientos ilegales, también debe hacerlo cumplir aquí, en Cartagena. No queremos ser cómplices del genocidio”, ha concluido Penélope Luna.
