Por Yahya Zarhouni
El respaldo militar y diplomático de Estados Unidos al Estado de ocupación israelí durante los dos últimos años de guerra de exterminio contra la Franja de Gaza ha supuesto un grado de impunidad sin precedentes: ha permitido a Israel cometer toda clase de crímenes de guerra y continuar, hasta hoy, destruyendo el territorio, matando y mutilando a decenas de miles de sus habitantes y sometiendo a sus 2,2 millones de personas a una guerra de hambre destinada a doblegar la resistencia palestina y a forzar el desplazamiento forzoso de la población.
Desde el 7 de octubre de 2023, las Administraciones estadounidenses —primero la de Joe Biden y después la de Donald Trump— han garantizado a sus aliados israelíes luz verde y amplio cobertura política para la guerra de exterminio en Gaza, asegurando además la supremacía militar absoluta de Israel mediante:
• envío de buques de guerra;
• ayuda militar por valor de decenas de miles de millones de dólares;
• transferencias exprés de armas bajo la etiqueta de “ventas de emergencia”;
• apertura inmediata de los depósitos de armamento estratégico que EE.UU. mantiene en Israel;
• puente aéreo permanente de proyectiles y bombas de alto poder destructivo;
• bloqueo sistemático de cualquier intento de rendición de cuentas en el Consejo de Seguridad de la ONU;
• castigo a terceros países o entidades que promuevan boicots o acciones legales contra Israel por sus crímenes.
Cronología del apoyo militar
Desde 1948, Estados Unidos es el principal proveedor de armas de Israel. La ayuda militar directa ya supera los 310 000 millones de dólares (ajustados por inflación). El acuerdo vigente (2019-2028) asegura 3 800 millones anuales; solo en 2023, 500 millones fueron para el sistema de defensa antimisiles.
Desde octubre de 2023 se han añadido partidas extraordinarias:
• 17 900 millones en el primer año de guerra (estudio Watson Institute, Brown University);
• 15 000 bombas, 57 000 obuses de 155 mm, 100 BLU-109 “bunker-busters”, 5 000 Mk-82, 5 400 Mk-84, 1 000 GBU-39 y 3 000 kits JDAM (WSJ, diciembre 2023);
• 10 000 bombas de 900 kg y miles de misiles Hellfire (junio 2024);
• reanudación del envío de bombas de 225 kg tras una breve “pausa” de presión;
• 3 500 millones adicionales para compras militares en agosto 2024;
• paquete de 20 000 millones que incluye cazas F-15 y misiles aire-aire (agosto 2024);
• 165 millones en remolques para tanques (septiembre 2024);
• 3 000 millones en bombas Mk-84, BLU-117 y cabezas “Predator” (febrero 2025);
• nuevo paquete de 6 000 millones (30 helicópteros Apache AH-64 por 3 800 millones y 3 250 vehículos blindados por 1 900 millones) solicitado en septiembre 2025.
Todo ello se financia principalmente mediante el programa FMF, que concede a Israel anualmente 3 300 millones en subvenciones (no préstamos) y le permite destinar parte de esos fondos a su industria militar nacional, privilegio que ningún otro país recibe.
Cobertura diplomática y blindaje político
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Vetos en el Consejo de Seguridad: seis vetos entre octubre 2023 y septiembre 2025 contra proyectos que exigían un alto el fuego inmediato o el levantamiento del bloqueo sobre Gaza.
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Discurso oficial: invocación constante del “derecho a la autodefensa” de Israel y rechazo a calificar la ofensiva como genocidio; condicionamiento de cualquier tregua a la desmovilización de Hamas y la entrega de armas de la resistencia.
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Obstrucción de la rendición de cuentas: presión sobre países que reconocen al Estado palestino o apoyan investigaciones internacionales; imposición de sanciones a la Corte Penal Internacional y a sus fiscales (incluido Karim Khan, autor de las órdenes de arresto contra Netanyahu y Gallant); retiro de EE.UU. del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en 2017 y 2025; acusaciones de “antisemitismo” contra organismos internacionales que critican la ocupación.
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Legislación interna: en septiembre 2025 la Cámara de Representantes aprobó una ley que priva de contratos del Pentágono a empresas que boicoteen a Israel, golpeando así la campaña BDS; 38 estados ya disponen de normas similares.
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Represión universitaria: tras las protestas pro-palestinas de 2024, la Administración Trump congeló fondos federales a varias universidades, obligándolas a pagar millonarias multas (Columbia, más de 220 millones; Brown, 50 millones; Harvard en negociación) y a reforzar vínculos con instituciones académicas israelíes, al tiempo que cortaban lazos con universidades palestinas.
Washington no solo ha facilitado armas y dinero, sino que ha participado activamente en la guerra destruyendo la infraestructura de Gaza, bloqueando vías de rendición de cuentas y castigando a quienes intentan frenar la ofensiva.
El resultado es un conflicto prolongado, decenas de miles de víctimas y una población civil sometida a hambre y desplazamiento masivo, sin perspectivas inmediatas de justicia internacional.
