El arresto de Roberto Cristian Pérez Aguilar, director de la empresa de desokupación Ez Property Solutions, no es un hecho aislado, sino la expresión visible de un fenómeno que atraviesa la lucha de clases en el Estado español: la aparición de empresas privadas de matones al servicio de los especuladores inmobiliarios.
La Guardia Civil lo detuvo acusado de coacciones tras una larga lista de denuncias acumuladas en Tenerife y en distintas localidades de Canarias. El Sindicato de Inquilinas de Tenerife (SIT) venía denunciando desde 2023 que Ez Property Solutions recurría sistemáticamente a la violencia: amenazas, allanamientos ilegales, agresiones físicas, pinchazos de ruedas, cortes de suministros básicos y expulsión de familias trabajadoras mientras éstas se encontraban en sus empleos.
El ataque más grave ocurrió el 23 de junio de 2024, cuando la sede del SIT fue incendiada de forma intencionada, destruyendo materiales y ropa destinada a personas en situación de vulnerabilidad. Lejos de ocultar el crimen, la empresa exhibió carteles burlándose de lo ocurrido y celebrando el atentado, confirmando su naturaleza fascista y su función como instrumento del terror de clase.
La impunidad como norma
La detención de Pérez Aguilar solo se explica por la acumulación de pruebas y la presión popular. Durante meses, las denuncias señalaron que la policía y la Guardia Civil habían protegido de facto a la empresa: presenciando delitos sin actuar, instando a víctimas a borrar grabaciones o amedrentando a quienes se atrevían a declarar.
El propio Pérez, tras ser arrestado, difundió vídeos amenazando directamente a agentes de la Guardia Civil, confirmando la sensación de intocabilidad que lo acompañó durante su trayectoria. Esa impunidad no nace del azar, sino de la función del aparato represivo del Estado: defender la propiedad privada de la burguesía y garantizar que los negocios especulativos puedan imponerse incluso por la fuerza contra la mayoría social.
Un fenómeno ligado al capital financiero
Las llamadas “empresas de desokupación” no son otra cosa que milicias privadas de la burguesía inmobiliaria, necesarias para imponer el poder del capital financiero sobre los barrios obreros. Allí donde los fondos buitre, las inmobiliarias o los grandes propietarios encuentran resistencia organizada, recurren a estas compañías para quebrar la moral de los inquilinos y golpear al movimiento popular.
Los capitalistas, cuando sienten amenazado su dominio, no dudan en recurrir a la violencia más descarnada. Estos grupos no actúan al margen de la ley, sino como su prolongación más salvaje: son el reverso necesario de un sistema que coloca el beneficio privado por encima de las necesidades de vivienda del pueblo trabajador.
Organización y respuesta popular
La detención de Pérez Aguilar no resuelve el problema de fondo: la continuidad de un modelo económico basado en la especulación inmobiliaria y en la criminalización de quienes defienden el derecho a la vivienda.
Frente a ello, el único camino es la organización colectiva. El movimiento inquilino, el sindicalismo combativo y las organizaciones revolucionarias tienen la tarea de desenmascarar la connivencia entre Estado, capital y matones a sueldo; pero también de levantar poder popular en los barrios, con capacidad de autodefensa, solidaridad y ofensiva política.
Porque el problema no es solo Ez Property Solutions ni un individuo detenido. El problema es el capitalismo en su fase actual, donde la vivienda es mercancía y la vida del pueblo trabajador vale menos que los dividendos de un fondo buitre.
La respuesta debe estar a la altura: convertir cada ataque en fuerza acumulada, cada agresión en organización, y cada intento de intimidación en un paso más hacia la emancipación de la clase trabajadora.
