Vecinas y vecinos del barrio de Vistabella han presentado en tiempo y forma, a través del Registro del Ayuntamiento de Murcia, alegaciones contra la desafectación y cesión gratuita de un inmueble municipal al Obispado de Cartagena. El edificio, situado en la calle Enrique Ayuso Miró, es un bien de dominio público cuya entrega a una institución confesional ha despertado rechazo social y vecinal.
Las alegaciones señalan tres aspectos fundamentales:
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Ausencia de justificación suficiente. El expediente carece de un informe claro que motive la necesidad de privar a la ciudadanía de un bien común.
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Pérdida de neutralidad institucional. La cesión a la Iglesia limitaría el uso universal del inmueble, contraviniendo el principio de igualdad.
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Alternativas con verdadero interés general. El espacio podría destinarse a equipamientos culturales, sociales, vecinales o educativos abiertos a toda la ciudadanía, respondiendo a necesidades reales del barrio y de la ciudad.
Los vecinos recuerdan que este caso se enmarca en un contexto más amplio: el de los privilegios históricos de la Iglesia católica a través de las inmatriculaciones, que permitieron la inscripción de miles de bienes públicos sin títulos de propiedad claros. Aunque la actual cesión no sea una inmatriculación en sentido estricto, reproduciría la misma lógica: transferir patrimonio común a manos privadas con fines confesionales.
“Lo público es de todos y no puede regalarse. Vistabella necesita espacios abiertos para la convivencia, la cultura y la participación ciudadana, no cesiones privadas que perpetúan privilegios históricos”, señalan los firmantes de las alegaciones.
Europa Laica ya lo denunció en agosto
La denuncia vecinal llega pocas semanas después de que Europa Laica advirtiera de la misma operación. El pasado 28 de agosto, su coordinador en la Región de Murcia, Juan Celdrán Navarro, criticó que el Ayuntamiento cediera gratuitamente la iglesia de Nuestra Señora de Fátima al Obispado, recordando que el templo fue construido en 1955 con fondos públicos y aportaciones vecinales, sin intervención económica de la Iglesia.
“Es inaceptable que en pleno siglo XXI se sigan repitiendo viejas prácticas de privilegio. El Ayuntamiento debería proteger el patrimonio público, no regalarlo”, denunció entonces Celdrán, alertando además de que existen fórmulas legales para compatibilizar el uso religioso con la titularidad pública.
Tanto los vecinos como Europa Laica coinciden en que esta cesión gratuita constituye un nuevo privilegio a una institución privada, dependiente del Vaticano, y reclaman al Ayuntamiento que mantenga el inmueble como bien de dominio público, al servicio de la ciudadanía de Murcia.
