Saturación del IES Rambla de Nogalte obliga a familias de Puerto Lumbreras a permanecer en centro privado concertado pese a su voluntad

Denuncian que la Consejería de Educación niega plazas en el instituto público y obliga a optar por el colegio concertado “Lideria”, con mayor coste económico para las familias

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Más de una decena de familias de Puerto Lumbreras se encuentran impedidas para ejercer su derecho a la libertad de elección de centro educativo público para sus hijos e hijas. La Consejería de Educación ha denegado la solicitud de plaza en el IES Rambla de Nogalte, el único instituto público de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) del municipio, alegando que está saturado. Como consecuencia, estas familias se ven obligadas a mantener a sus hijos e hijas escolarizados en el centro privado concertado “Lideria”, con el impacto económico que ello supone.

El IES Rambla de Nogalte alberga actualmente a más de 1.200 estudiantes, una cifra que refleja una situación de saturación crónica que no ha sido abordada eficazmente por la Consejería de Educación. Desde hace años, tanto el Ayuntamiento de Puerto Lumbreras como la comunidad educativa del instituto vienen reclamando de manera reiterada la construcción de un segundo instituto que descongestione el centro y garantice una educación pública de calidad y accesible para todas las familias.

El coste que afrontan las familias que deben permanecer en el centro privado concertado no es baladí. A diferencia de la enseñanza pública, la privada concertada implica gastos adicionales por uniformes, material escolar, actividades complementarias o servicios extra que no cuentan con la gratuidad garantizada en la red pública. Esto representa un obstáculo económico importante para muchas familias y pone en entredicho la igualdad de oportunidades, uno de los principios básicos del sistema educativo.

El diputado regional y portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Mixto formado por Izquierda Unida-Verdes y Podemos, José Luis Álvarez-Castellanos, ha denunciado públicamente que esta situación es un claro ejemplo de la “estrategia deliberada del Partido Popular para desatender la red pública educativa y ceder la planificación y provisión de plazas al sector privado concertado, dejando a las familias que apuestan por la educación pública en una situación de indefensión”. Álvarez-Castellanos ha subrayado que la libertad de elección de centro que tanto proclama el Gobierno regional no es más que una coartada para justificar el impulso y financiación de la enseñanza concertada, “porque cuando las familias quieren ejercer este derecho a la inversa, es decir, salir de un centro privado concertado y optar por uno público, la Consejería les niega las plazas alegando saturación y no toma medidas para ampliar la oferta pública”.

En el contexto de esta problemática, el Grupo Parlamentario Mixto (IU-Podemos) presentó enmiendas a los presupuestos autonómicos de 2025 que incluían la construcción de un nuevo instituto público en Puerto Lumbreras, iniciativa que fue rechazada por los partidos que sustentan al Gobierno regional: Partido Popular y Vox. Esta decisión ha sido criticada duramente por Izquierda Unida-Verdes, que considera fundamental la ampliación de la red pública para garantizar la educación como un derecho y no como un privilegio.

Frente a la negativa del Gobierno regional a abordar la problemática de fondo, Izquierda Unida-Verdes exige una actuación inmediata de la Consejería de Educación para llevar a cabo una inversión que permita la construcción de un nuevo módulo en el IES Rambla de Nogalte, con al menos cuatro aulas y un salón de actos. Esta medida, aseguran, sería indispensable para absorber la demanda existente y mejorar las condiciones pedagógicas y organizativas del centro. Sin embargo, insisten en que esta ampliación debe considerarse únicamente una solución temporal o provisional, que debe ir acompañada de la planificación y ejecución de un nuevo instituto público en Puerto Lumbreras que atienda el crecimiento poblacional y la demanda educativa a medio y largo plazo.

“Es una cuestión de justicia social, igualdad de oportunidades y cumplimiento de responsabilidades públicas. No se puede seguir externalizando la educación pública al sector privado concertado, ni dejar a las familias sin alternativas reales para educar a sus hijos e hijas en centros públicos de calidad”, ha declarado Álvarez-Castellanos.

El diputado anunció que el Grupo Parlamentario Mixto presentará en la próxima Asamblea Regional, cuando se abra el nuevo periodo legislativo, una moción junto a una interpelación directa al consejero de Educación para exigir soluciones concretas y urgentes. “No vamos a permitir que se siga bloqueando el acceso a la enseñanza pública mientras se refuerza artificialmente la oferta privada concertada. La libertad de elección de centro debe ser un derecho efectivo para todas las familias, y el Gobierno regional tiene la obligación constitucional de garantizar una red pública educativa suficiente, adecuada y equitativa”, concluyó.

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