Cientos de personas se concentraron este martes 23 de julio frente a la Asamblea Regional en Cartagena para rechazar el acuerdo presupuestario entre el Partido Popular y VOX, al que los colectivos convocantes han calificado como “los presupuestos del odio y del sufrimiento”. La protesta, convocada por una amplia plataforma de organizaciones sociales, feministas, sindicales, ecologistas y defensoras de derechos humanos, contó con la lectura de un manifiesto coral en el que se denunció el grave retroceso en derechos y la ruptura de la convivencia democrática en la Región de Murcia.
Una joven fue la encargada de abrir la lectura del manifiesto, advirtiendo que el acuerdo entre López Miras y la extrema derecha supondrá “un importante recorte en derechos sociales conquistados durante años” y que representa “una preocupante renuncia a principios democráticos y a la legalidad institucional”. A su juicio, el presidente regional ha “antepuesto su permanencia en el poder al bienestar de la mayoría social”.
Uno de los momentos más aclamados del acto fue la intervención de un joven migrante, que denunció la retirada de fondos para la compra de viviendas destinadas a menores vulnerables, así como el rechazo a la Iniciativa Legislativa Popular por el Derecho a la Vivienda. “Nos quieren en la calle y pobres para poder explotarnos”, afirmó, señalando directamente al presidente López Miras y al vicepresidente Antelo como “responsables políticos” de la persecución a las personas migrantes, como la vivida recientemente en Torre Pacheco.
También intervino una representante del colectivo LGTBIQ+, que denunció la eliminación de recursos destinados a proteger a esta comunidad. “Hoy estos presupuestos no contemplan ni asesoramiento, ni salud mental, ni prevención de ITS o protección contra el acoso escolar para las infancias LGTBIQ+”, lamentó, exigiendo la aplicación íntegra de la Ley de Igualdad regional.
Una mujer mayor tomó la palabra para subrayar que estos presupuestos “se ceban en las más necesitadas”, señalando especialmente los recortes en la Renta Mínima de Inserción —que pasa de 12 a 7 millones de euros— y la gestión “negligente” de la atención a la dependencia. “Este abandono institucional vulnera derechos reconocidos por ley”, denunció.
Desde el ámbito educativo y sanitario, otro portavoz alertó del “desmantelamiento deliberado de lo público” mediante recortes en atención primaria, salud mental, personal educativo y becas de transporte, al tiempo que se incrementan los conciertos con la privada. “Esto responde a una estrategia ideológica clara: vaciar lo público para entregarlo al mercado”, aseguró.
La defensa del medio ambiente también tuvo su espacio. Un representante ecologista cargó contra la “sumisión del PP al agronegocio intensivo”, la destrucción del Mar Menor y la “proliferación de proyectos especulativos sin control ni evaluación ambiental”. “No hay justicia social sin justicia ambiental”, sentenció.
Desde el movimiento feminista, se denunció el empobrecimiento creciente de las mujeres y su sobrecarga en los cuidados. “La riqueza se queda arriba mientras las mujeres, sobre todo las migrantes, sufren precariedad estructural”, criticaron. “Apostamos por una economía al servicio de la vida y no al revés”.
La lectura del manifiesto la cerró una representante de las Marchas por la Dignidad, quien hizo un llamamiento a la sociedad murciana a “organizarse y movilizarse” para frenar el retroceso en derechos. “No le vamos a pedir al PP ni a López Miras que rectifiquen. Lo que sí hacemos es un llamamiento urgente a la ciudadanía. Porque si nos movilizamos, lo cambiamos todo”.
Los colectivos organizadores han anunciado que esta movilización es solo el comienzo de una “respuesta sostenida y creciente” ante lo que consideran un “golpe institucional contra los derechos humanos” en la Región de Murcia.
