En una ofensiva sin precedentes contra la solidaridad internacional con Palestina, la maquinaria represiva del Estado británico ha dado un paso más en la criminalización de la disidencia. El Alto Tribunal de Londres ha ratificado la ilegalización de Palestine Action, colectivo que desde 2020 desarrolla acciones directas no violentas contra la industria armamentística que abastece al régimen israelí. La decisión convierte en delito la mera pertenencia o apoyo a la plataforma, con penas de hasta 14 años de prisión.
La resolución judicial —avalada por el Ministerio del Interior y respaldada por el Parlamento británico— equipara a quienes protestan pacíficamente contra el genocidio palestino con organizaciones como Al-Qaeda o el Estado Islámico, en una maniobra que numerosos juristas, académicos y activistas califican de “aberrante” y “autoritaria”.
Criminalizar la pintura, encubrir las bombas
La prohibición formal se ha hecho efectiva tras una acción simbólica del grupo en una base militar británica, donde activistas rociaron con pintura roja dos aviones utilizados para exportar armas a Israel. Un gesto pacífico para denunciar la complicidad británica en la masacre en Gaza.
Huda Ammori, cofundadora de Palestine Action, había solicitado la suspensión cautelar de la orden mientras se tramitaba un recurso judicial que alega su ilegalidad, pero tanto el Alto Tribunal como la Corte de Apelaciones rechazaron su petición. Desde esta medianoche, expresar apoyo público a Palestine Action puede ser considerado delito de terrorismo.
Fotografía de Ali Khadr
Las reacciones no se hicieron esperar. Decenas de personas se concentraron frente al Tribunal Real de Justicia mientras la policía acordonaba la zona. Desde sus redes, el colectivo dejó claro: “No nos van a intimidar. La protesta continúa”.
“Una manipulación grotesca del derecho”
La diputada independiente Zarah Sultana ha condenado con contundencia la decisión: “Equiparar una lata de pintura con un cinturón suicida no solo es absurdo, es grotesco. Es una distorsión deliberada del derecho para enfriar la disidencia, criminalizar la solidaridad y suprimir la verdad”.
Desde el ámbito académico, Brendon Ciarán Browne, profesor en el Trinity College de Dublín, calificó la medida de “draconiana y absurda”, orientada a silenciar a quienes denuncian la implicación del Reino Unido en las violaciones del derecho internacional por parte de Israel: “Existen leyes para tratar posibles daños materiales. Usar la ley antiterrorista contra activistas pacíficos es represión política, sin más”.
Por su parte, el abogado Raza Husain, defensor del colectivo ante los tribunales, alertó: “El gobierno británico está utilizando la ley antiterrorista para blindar sus negocios con Israel y silenciar la protesta legítima. Es una deriva autoritaria, discriminatoria y profundamente antidemocrática”.
Pintura roja contra bombas reales
Desde su fundación, Palestine Action se ha definido como un movimiento de acción directa para desmantelar la complicidad del Reino Unido en el régimen de apartheid israelí. Su objetivo prioritario ha sido Elbit Systems, principal fabricante de armas utilizadas por el ejército israelí para bombardear Gaza, así como otras empresas del sector militar.
Mientras el gobierno británico justifica la medida en la supuesta “violencia” del grupo, las cifras del genocidio en curso desmienten cualquier relato de proporcionalidad: más de 57.000 palestinos han sido asesinados y más de 135.000 heridos por las fuerzas israelíes desde el 7 de octubre de 2023, según datos del Ministerio de Salud gazatí.
Un régimen al servicio del sionismo
A juicio de numerosos observadores, la ilegalización de Palestine Action confirma la subordinación total del Estado británico a los intereses del complejo militar-industrial y del régimen israelí.
“El gobierno británico está utilizando su poder de forma draconiana para proteger sus negocios con Israel. Esta medida busca generar un efecto disuasorio entre quienes se oponen a la masacre en Gaza”, denuncia el profesor Browne.
Desde el terreno, los activistas tienen claro que la represión no detendrá la movilización. “La solidaridad con Palestina no se puede proscribir”, han asegurado ante los medios, rodeados por un desproporcionado despliegue policial. “Frente a sus muros, nuestra dignidad”.
📢 Declaración de los colectivos pro-palestinos británicos
En un comunicado conjunto difundido tras la entrada en vigor de la prohibición, los colectivos pro-palestinos del Reino Unido han denunciado la medida como un ataque autoritario sin precedentes contra la disidencia y la solidaridad internacionalista:
“El Estado británico no ha prohibido Palestine Action por ser una organización terrorista, sino porque tiene miedo. Miedo de que somos millones quienes apoyamos la lucha contra el genocidio en Palestina, miedo de que estamos debilitando la industria armamentística que abastece a Israel desde suelo británico”.
El texto subraya que todas las redes sociales del grupo han sido eliminadas, y que cualquier apoyo público puede ser criminalizado.
“Solo la clase trabajadora está dispuesta a resistir. La democracia liberal ha sido siempre una fachada al servicio del capital y del imperialismo”, aseguran.
El comunicado finaliza con un mensaje de combate y dignidad: “Nos negamos a retroceder hasta que Palestina sea libre y la máquina de guerra se detenga. La represión no os salvará. Ni vuestra policía ni vuestras cárceles podrán silenciar la solidaridad”, concluyen, dirigiéndose directamente “a los verdaderos terroristas del 10 de Downing Street”.
