Escrito por Manel Aparicio
Como recoge el artículo publicado ayer por La Opinión de Murcia, durante el desfile del Bando de la Huerta un vecino —de esos que solemos llamar “salvapatrias”— decidió exhibir un símbolo contrario a la Ley de Memoria Democrática. Desconocemos si fue sancionado, pero sí sabemos que fue correctamente invitado a abandonar el evento, tal y como dicta la ley. Porque la ignorancia no exime del cumplimiento legal.
Muy diferente fue la respuesta en el Pleno Ordinario de abril de 2024 en San Pedro del Pinatar, cuando la Asociación de Vecinos Por un Pueblo Digno, denunció la presencia de cuatro banderas franquistas —cuatro— en balcones y terrazas visibles desde la vía pública, sin necesidad de entrar en las viviendas para captar las imágenes denunciadas. Estaban allí, a la vista de todos.
Preguntado por ello, el concejal responsable afirmó que, tras “estudiar la imagen”, no veía ningún delito. ¿Desde cuándo una fotografía puede anular el contenido de una ley?
Está claro que ni al alcalde, Pedro Javier Sánchez Aznar, ni a su equipo de gobierno les importa mantener el municipio dentro de la legalidad. Las banderas fascistas no son el único ejemplo: San Pedro del Pinatar ostenta el récord regional de calles franquistas, con 32 nombres aún vigentes, una cifra vergonzosa en proporción a su población.
Tal vez el alcalde aún sueñe con que se derogue la ley que le obliga a actuar. Pero pronto despertará de esa quimera: tendrá que cumplirla. Y si no lo hace dentro del plazo que se le indique, será el propio Ayuntamiento quien reciba la sanción. Esto ha sucedido, no hace mucho, en Santander.
Porque la memoria no se borra. Y la ley no se ignora.
