Las principales organizaciones ecologistas y ciudadanas que trabajan por la defensa del Mar Menor alzan de nuevo la voz. Denuncian que, pese a la existencia de normativas que limitan la navegación para proteger la laguna salada, no se están cumpliendo las restricciones ni se ha puesto en marcha un plan eficaz de vigilancia para garantizar su aplicación. La llegada del verano —y con él, el aumento de la presión náutica— enciende todas las alarmas en un ecosistema en crisis que no puede permitirse más veranos de impunidad y descontrol.
Las entidades firmantes —entre ellas Greenpeace, Ecologistas en Acción, AMARME, SOS Mar Menor o la Plataforma Pacto por el Mar Menor— acusan a las administraciones estatal y autonómica de dejación de funciones. Señalan que el Real Decreto 118/2024, aprobado por el Consejo de Ministros para limitar el impacto de embarcaciones y motos acuáticas en el Mar Menor, sigue sin aplicarse de forma efectiva año y medio después de su publicación. Lo mismo ocurre con las restricciones recogidas en el Decreto 259/2019, que regula la conservación de los espacios protegidos de la laguna y su entorno litoral.
Velocidades ilegales, fondeos incontrolados e impunidad
Los colectivos denuncian que las motos acuáticas siguen operando sin control, superando los límites de velocidad establecidos y poniendo en riesgo tanto al medio natural como a otros usuarios —entre ellos menores que practican deportes náuticos como la vela—. “La velocidad máxima permitida de 20 nudos es incompatible con un ecosistema tan frágil”, advierten, y proponen reducirla a 12 nudos, como establece el Plan de Gestión Integral (PGI) en la zona de conservación compatible de la Cubeta Lagunar.
Otro punto crítico es el de los fondeos ilegales. Las organizaciones recuerdan que está expresamente prohibido fondear sobre praderas submarinas, zonas con presencia de nacras o espacios protegidos para aves. Sin embargo, siguen produciéndose escenas de fondeo masivo incluso en las zonas más sensibles de la laguna, como las encañizadas o los alrededores de las islas. Exigen la instalación de fondeos ecológicos, la creación de un censo actualizado de embarcaciones, y un plan de ordenación que limite la capacidad de carga de la laguna.
Un problema ambiental y de orden público
La situación es ya insostenible. Las organizaciones alertan de que la falta de control y vigilancia no solo está degradando el ecosistema, sino que está generando un clima de conflicto creciente entre los propios usuarios. Algunos navegantes que incumplen las normas llegan incluso a acosar a activistas que documentan estas situaciones. Es el caso de miembros de SOS Mar Menor, que han sido amenazados y señalados en redes sociales por denunciar el uso ilegal de motos acuáticas. “La impunidad genera violencia”, subrayan.
Por ello, reclaman que se destinen de forma urgente al menos dos embarcaciones con agentes de la Guardia Civil para labores de vigilancia intensiva, especialmente entre junio y octubre, y que se coordinen de forma efectiva los gobiernos estatal y autonómico.
“El Mar Menor no aguanta más. No es solo una cuestión ecológica: es una cuestión de justicia ambiental y de seguridad ciudadana. Ya es hora de pasar de la propaganda a la acción”, concluyen.
