Escrito por Manel Aparicio
Ayer, más de setenta personas se concentraron en Cala Morena, de El Portús (Cartagena), para reivindicar algo tan básico como el acceso libre a una playa pública, tal y como garantiza la legislación española para todo el litoral del Estado. El enclave, de tradición nudista, está siendo bloqueado de facto por la empresa Taiga, actual gestora del Camping Naturista El Portús, con la pasividad absoluta —cuando no complicidad— del Ayuntamiento de Cartagena y del Gobierno Regional.
Los y las manifestantes no solo exigieron la reapertura del acceso público a la playa. También denunciaron prácticas propias de un manual de guerra psicológica: focos encendidos toda la noche frente a las casas, amenazas veladas y explícitas, presión constante para que los vecinos y vecinas abandonen sus propiedades en el recinto del camping. Algunos han sido directamente avisados de que, si salen del recinto, no se les permitirá volver a entrar. Todo esto con el objetivo de forzar su marcha y facilitar la apropiación de sus viviendas por parte de la empresa.
«Esto recuerda más a Guantánamo que a un camping«, pasó por mi cabeza. El camping, lejos de ser un lugar de descanso, se ha convertido en un territorio hostil para quienes no aceptan doblegarse a las exigencias de la empresa gestora. Una empresa que, según la Asociación Cala Morena —organizadora de la protesta—, actúa con total impunidad.
La protesta fue también una denuncia política clara. En pancartas y lemas se señaló directamente a la alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, y al presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, como responsables de permitir esta situación. La asociación exige no solo que se garantice el acceso libre a la playa y se mantenga su carácter nudista, sino también que se defiendan los derechos humanos de los vecinos que resisten dentro del recinto.
Y no es la primera vez que estas instituciones muestran su desdén hacia el nudismo y la libertad de uso del espacio público. Cabe recordar que Visitación Martínez Martínez —“Visi” para sus vecinos de San Pedro del Pinatar y actual presidenta de la Asamblea Regional— prohibió el nudismo en la Playa de la Llana cuando era alcaldesa de su municipio. Ahora, la historia parece repetirse, bajo otros nombres, pero con el mismo desprecio por los derechos individuales y colectivos.
La Asociación Cala Morena sabe que no lo tiene fácil. Se enfrenta a intereses económicos, presiones políticas y una institucionalidad que mira hacia otro lado. Pero también sabe que no está sola. Con convicción, han dejado claro que no se rinden.
Desde aquí, todo nuestro apoyo. Porque lo que está en juego no es solo el acceso a una playa. Es el respeto a las libertades, a la propiedad, al descanso, al derecho a vivir sin miedo. Ánimo, valientes, estaremos con ustedes. Siempre adelante, hasta el fin.
