La mayoría ultra y conservadora de la Asamblea Regional ha impedido este martes la tramitación parlamentaria de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) por el Derecho a la Vivienda Digna, impulsada por colectivos sociales de la Región de Murcia y respaldada por más de 16.100 firmas ciudadanas. Con los votos en contra del Partido Popular y Vox, la Cámara ha dado la espalda a una propuesta construida desde la base social que aspiraba a garantizar el acceso efectivo a la vivienda como derecho, no como privilegio.
La ILP planteaba medidas concretas como la creación de un registro autonómico de demandantes de vivienda, compensaciones por los retrasos en el pago de ayudas al alquiler y la garantía de que el suelo público destinado a vivienda no pueda ser privatizado. Su tramitación fue apoyada por el PSOE y el Grupo Mixto (IU-Verdes-Podemos-Alianza Verde), que denunciaron el bloqueo como un atentado contra la participación democrática y la justicia social.
Desde el Grupo Parlamentario Socialista, el diputado Miguel Ángel Ortega lamentó que «la ciudadanía merece respeto, y esta ILP es una expresión clara del deseo de miles de personas por una política de vivienda eficaz y justa». Ortega acusó al PP de haber abandonado durante años sus competencias en materia de vivienda, recordando que «no se ha construido ni una sola vivienda pública en los últimos ocho años, mientras se alimenta un discurso contra la ocupación que apenas afecta al 0,05% de los casos». Además, anunció que su grupo volverá a registrar la iniciativa en septiembre, “corrigiendo los aspectos técnicos necesarios, pero sin renunciar al espíritu de justicia social que la inspira”.
En nombre de Podemos, la diputada María Marín fue tajante: «Despreciar una iniciativa popular es despreciar a las familias trabajadoras, a los jóvenes sin futuro y a quienes ya no pueden pagar un alquiler o acceder a una vivienda digna». Marín criticó el “rodillo parlamentario” de PP y Vox y advirtió que «aunque entierren hoy esta propuesta, mientras no haya justicia, habrá lucha».
Por parte de Izquierda Unida-Verdes, José Luis Álvarez-Castellanos subrayó el valor democrático de la ILP como expresión directa de la soberanía popular: “Hoy no debatimos solo de vivienda, sino del respeto a la democracia. No podemos cerrar la puerta a una iniciativa respaldada por más de 16.000 firmas, recogidas con esfuerzo en calles, barrios y plazas de esta región”. El portavoz de IU acusó a la derecha de despreciar no solo la propuesta, sino el derecho de la ciudadanía a participar en la elaboración de leyes.
Frente a estos argumentos, los portavoces de la derecha y ultraderecha se parapetaron en cuestiones formales para justificar su rechazo. El diputado de Vox, Ignacio Arcas, afirmó que “el texto presenta errores jurídicos graves y no es aplicable”, acusando a los promotores de “vender humo ideológico”. Por su parte, el parlamentario del PP, Antonio Landáburu, negó que se desprecie a nadie al rechazar la ILP, y acusó a la izquierda de “politizar” el debate sobre la vivienda. Defendió un modelo basado en “el equilibrio entre la protección de los vulnerables y la libertad del mercado”, sin mencionar en ningún momento la parálisis de la política pública de vivienda durante los gobiernos del PP.
Una oportunidad frustrada por el bloqueo ideológico
Con este veto, PP y Vox certifican su negativa a abrir siquiera el debate parlamentario sobre una propuesta ciudadana que busca dar respuesta a la emergencia habitacional que atraviesa la Región. En lugar de habilitar el diálogo y la mejora técnica del texto, la derecha opta por blindar el mercado inmobiliario frente a cualquier intento de regulación democrática.
Colectivos promotores de la ILP, así como los grupos parlamentarios que la apoyaron, han anunciado que la lucha continúa. Con el inicio del nuevo curso político, según las fuentes consultadas por laprotesta.es, se volverán a llevar al Parlamento Autonómico una versión reformulada de la iniciativa, mientras en la calle crece la indignación ante la insensibilidad de quienes gobiernan de espaldas al pueblo.
IU-Verdes alerta: “La derecha ha destrozado una oportunidad para frenar la emergencia habitacional”
La coordinadora regional de Izquierda Unida-Verdes, Penélope Luna, ha denunciado que con su voto en contra a la toma en consideración de la ILP por el derecho a la vivienda, PP y Vox han despreciado la movilización de 16.100 murcianos y murcianas que, durante meses, han exigido al Gobierno regional que deje de ignorar sus competencias en esta materia y desarrolle de una vez por todas la ley de vivienda autonómica, hoy mutilada y sin efecto real.
Luna ha recordado que esta jornada no solo versaba sobre política de vivienda, sino que era una prueba de compromiso democrático. La ciudadanía, al igual que los ayuntamientos y la propia Asamblea, tiene reconocido en el Estatuto de Autonomía el derecho a promover iniciativas legislativas. Sin embargo, esta mayoría reaccionaria ha decidido cerrar la puerta al debate, negando incluso el mínimo respeto institucional que merece una propuesta avalada por más de 16.000 firmas.
Desde IU-Verdes subrayan que la decisión del bloque conservador es coherente con una visión mercantilista de la vivienda, que se niega a incomodar los intereses especulativos de grandes tenedores, fondos buitre o la patronal de la construcción. «No solo han vetado una ILP con un respaldo ciudadano histórico, sino que lo han hecho con un desprecio absoluto a quienes padecen el problema de acceso a la vivienda, especialmente la juventud, las familias trabajadoras y los sectores más vulnerables», ha afirmado Luna.
La dirigente de IU ha criticado también la inacción del Gobierno regional en materia de vivienda pública, recordando que el PP se niega a aplicar la Ley estatal de Vivienda, que ya ha conseguido frenar el precio del alquiler en territorios como Cataluña, donde ha caído un 9%. Además, la Comunidad Autónoma solo asume un 12% del presupuesto del Plan Estatal de Vivienda 2022-2025, frente al 88% que financia el Ministerio, lo que demuestra la falta de voluntad política del Ejecutivo murciano.
Finalmente, Penélope Luna ha concluido que el rechazo a esta ILP representa una agresión a los mecanismos democráticos de participación ciudadana, un intento de blindar el hemiciclo ante el debate social y una apuesta clara por los intereses del mercado frente al mandato constitucional que obliga a los poderes públicos a garantizar el derecho a una vivienda digna.
