La presión popular esta mañana ha conseguido suspender durante 15 días el desahucio del escritor y periodista Donato Ndongo, previsto para este lunes 7 de julio en Espinardo (Murcia). La paralización se ha logrado gracias a la presentación de dos recursos judiciales por parte de su abogada, aún pendientes de resolución.
Según ha declarado Paco Morote, portavoz estatal de la plataforma, esta suspensión “es una pequeña tregua fundamental que nos permite seguir peleando por una solución estable”. Morote ha confirmado que, en paralelo, se están iniciando contactos con el fondo buitre propietario actual de la vivienda —tras la subasta de la hipoteca inicial concedida por CaixaBank— para intentar negociar una alternativa habitacional duradera.
Donato Ndongo, figura reconocida en el ámbito cultural hispanoafricano, podría verse en la calle si no se alcanza una solución antes del 23 de julio, fecha límite otorgada por el juzgado. “No se trata de un preso, pero sí de una persona en una situación de extrema urgencia. El juzgado debería priorizar estos recursos como lo haría con cualquier caso de privación de libertad”, ha insistido Morote.
El caso ha movilizado a colectivos sociales y vecinales, preocupados por el trasfondo humano de este desalojo. Ndongo, visiblemente afectado, ha declarado: “Podrán decir que soy un negligente o lo que quieran. La realidad es que si no me pagan, yo no puedo pagar”. El escritor denuncia haber llegado a esta situación tras años de precariedad y sin apoyo institucional suficiente.
Por su parte, José Antonio Vives, mediador de la plataforma, ha señalado que los servicios sociales podrían jugar un papel clave si se logra acreditar su situación de vulnerabilidad, lo que podría abrir la puerta a una vivienda alternativa o a la ampliación de los plazos actuales: “Se podrían ganar entre tres y cuatro meses más para encontrar una solución”.
Vives ha sido claro al señalar que “no hay que mezclar situaciones personales con sensibilidades sociales. Cualquier persona en esta situación tiene que acudir a servicios sociales, pedir ayuda, no dejarlo estar”. No obstante, la visibilidad del caso de Donato Ndongo está ayudando a subrayar una realidad extendida: la pérdida de vivienda por procesos hipotecarios iniciados hace años, muchos de ellos con hipotecas traspasadas a fondos de inversión que no contemplan ninguna flexibilidad.
Desde el colectivo de Yay@flautas se ha subrayado que “este desahucio no es un caso aislado, sino una muestra más de la violencia estructural que sufren muchas personas mayores, migrantes y sin recursos ante la pasividad del Ayuntamiento de Murcia y el Gobierno regional”.
Por su parte, desde Izquierda Unida han exigido la inmediata intervención de los servicios sociales y la activación de mecanismos de emergencia habitacional. “No es admisible que una persona de la trayectoria de Donato Ndongo, y cualquier otra en situación vulnerable, tenga que enfrentar un desahucio sin que las instituciones actúen para proteger su derecho a la vivienda”, ha señalado Ginés Mateo, responsable de la Red de Migración de la formación de izquierdas.
Por último, la Plataforma de Afectadas por la Hipoteca ha anunciado que continuará movilizada, tanto en los tribunales como en la calle, para frenar este desalojo y exigir alternativas habitacionales reales para Donato Ndongo y para tantas otras personas afectadas por la especulación inmobiliaria y la pasividad institucional.
