El camping TAIGA Costa Cálida, anteriormente conocido como El Portús, forma parte del grupo empresarial TAIGA Campings & Resorts, una cadena de campings y resorts que opera en España. Este grupo está liderado por Borja de la Rica Entrecanales, Agustín Medina y José Gras, y cuenta con el respaldo financiero del fondo de inversión especulativo Colima Capital. Actualmente, se encuentra en el centro de una creciente polémica debido a la ocupación de espacios públicos, los riesgos medioambientales asociados a sus actividades y la influencia de poderosos intereses económicos que rodean su gestión.
Muros que bloquean el acceso público
Recientemente, la empresa gestora del camping TAIGA Costa Cálida ha levantado un muro y una alambrada que impiden el acceso a la playa de Cala Morena, una zona tradicionalmente de uso público. Esta acción ha generado indignación entre vecinos y bañistas, quienes denuncian la privatización de un espacio que, por ley, debería ser de libre acceso. De acuerdo con el artículo 132 de la Constitución Española, que establece que la servidumbre de tránsito en las zonas de dominio público marítimo-terrestre debe garantizarse para el uso y disfrute de todos, el acceso a la playa debe ser libre e inalterable.
Además, la jurisprudencia del Tribunal Supremo ha reiterado en diversas ocasiones que la ocupación de la servidumbre de tránsito con fines privados o comerciales, como en este caso, vulnera los derechos de los ciudadanos y constituye una infracción legal. La instalación de estructuras fijas, como glampings de panel sándwich, en áreas protegidas y de servidumbre de tránsito, agrava aún más la situación, ya que dichas zonas están bajo la protección de la Red Natura 2000 y deben mantenerse libres de construcciones que alteren su entorno natural.
Riesgos de inundación y antecedentes históricos
Cartografía de la rambla de el Portus en 1813 y su desembocadura de la misma en Cala Morena, actualmente privatizada.
El camping TAIGA Costa Cálida se encuentra en la desembocadura de la rambla de El Portús, una zona históricamente vulnerable a inundaciones debido a su localización en una llanura aluvial. Esta ubicación ha sido testigo de varios episodios de crecidas, siendo el más significativa el ocurrido en el año 2000, cuando una riada rompió el muro de contención del camping, arrastrando caravanas y enseres hasta el mar. Aunque, afortunadamente, no se registraron víctimas mortales, las pérdidas materiales fueron considerables. Sin embargo, a pesar de este grave precedente, se ha continuado con la construcción de diversas infraestructuras en una zona de alto riesgo, tales como piscinas, restaurantes, viviendas y áreas de acampada, sin que se haya tomado en cuenta el peligro que representan las inundaciones.
Inundaciones del camping año 2000 llevándose viviendas construidas dentro del.camping en zona de servidumbre de la rambla El Portus
Este tipo de construcciones en zonas inundables es una clara violación de la normativa que prohíbe la urbanización en estos espacios y que, además, pone en peligro tanto a las personas que residen como a los usuarios del camping. La situación recuerda trágicamente al desastre ocurrido en el camping de Biescas en 1996, donde 87 personas perdieron la vida debido a una inundación provocada por una riada en una zona igualmente vulnerable. Esta comparación resalta la gravedad de permitir la construcción en zonas como la desembocadura de la rambla de El Portús, donde los riesgos medioambientales y la falta de precauciones podrían dar lugar a tragedias similares.
La cartografía histórica de la rambla de El Portús, que data de 1813, muestra claramente el curso natural de la rambla y su desembocadura en Cala Morena, un espacio que en la actualidad se encuentra privatizado por el camping y sus construcciones. Esta transformación de la zona ha alterado el equilibrio ecológico y la accesibilidad al litoral, lo que agrava aún más la preocupación de los vecinos y la comunidad en general, quienes temen por la seguridad y la sostenibilidad de este entorno natural único.
Un espacio protegido en peligro
Cala Morena forma parte del Espacio Natural Protegido de La Muela-Cabo Tiñoso y está incluida en la Red Natura 2000, una red europea de áreas de conservación de la biodiversidad. Las actividades realizadas por el camping, como la instalación de estructuras permanentes y la alteración del cauce natural de la rambla, contravienen las normativas de protección ambiental y ponen en riesgo la biodiversidad de la zona.
Acciones legales y respuesta institucional
La Asociación de Naturalistas del Sureste (ANSE) ha sido una de las principales organizaciones que ha alertado sobre las irregularidades y los riesgos medioambientales asociados al camping TAIGA Costa Cálida. Desde 2015, ANSE ha mantenido una postura activa en la denuncia de las actividades ilegales que se desarrollan en el camping, presentando diversos escritos ante las autoridades competentes, incluyendo el Ayuntamiento de Cartagena, con el objetivo de poner en conocimiento los riesgos de inundación de la zona y la ocupación ilegal de terrenos protegidos, tanto por la legislación de costas como por la normativa de la Red Natura 2000.
En su denuncia de 2015, ANSE detalló los peligros inherentes a la construcción de infraestructuras en una zona inundable como la desembocadura de la rambla de El Portús, argumentando que el camping estaba siendo desarrollado en un área sensible a las crecidas, lo que representaba un riesgo tanto para las personas que se alojaban como para la biodiversidad del entorno. Además, subrayaron que el camping había invadido espacios que forman parte de áreas protegidas bajo el régimen de servidumbre de tránsito y zonas naturales de alto valor ecológico.
A pesar de las alertas y las denuncias presentadas por entidades ecologistas y otros colectivos, la respuesta de las autoridades ha sido limitada y, en muchos casos, insuficiente. Las intervenciones institucionales se han centrado principalmente en acciones de carácter administrativo y burocrático, sin que se haya producido una actuación contundente para frenar la expansión del camping en zonas no urbanizables o protegidas. Las autoridades locales, como el Ayuntamiento de Cartagena, han sido acusadas de no cumplir con su deber de garantizar la preservación de los espacios naturales y de permitir que las obras continuaran sin el debido control. Incluso, en ocasiones, la administración ha dado la impresión de haber desestimado los riesgos medioambientales y las vulneraciones legales que ocurrían en el lugar.
La falta de acción efectiva de las instituciones públicas ha permitido que las construcciones ilegales en el camping sigan adelante, a pesar de los múltiples avisos y las reclamaciones de organizaciones ecologistas. Esto ha generado una creciente indignación entre los colectivos defensores del medio ambiente, quienes critican la pasividad de las autoridades y la aparente connivencia entre el poder político y los intereses económicos que están detrás de la explotación del camping. La situación también ha puesto de manifiesto las debilidades del marco legal y de la gestión del territorio, ya que se han permitido situaciones de ocupación irregular y falta de control sobre la construcción en espacios protegidos.
En cuanto a la respuesta del gobierno local y autonómico, se ha evidenciado la falta de coordinación entre las distintas instituciones competentes, así como la escasa voluntad política para resolver el conflicto. Si bien en ocasiones se han realizado promesas de intervención o se han abierto procesos administrativos para investigar las irregularidades, los resultados concretos han sido escasos y las medidas adoptadas han carecido de la eficacia necesaria para frenar el avance del camping y garantizar la protección del entorno natural.
Detenciones y conflictos con residentes
En enero de 2025, el director del camping y un empleado fueron detenidos por el derribo sin autorización de una vivienda perteneciente a un residente. Los inquilinos, muchos de los cuales adquirieron sus viviendas de manera legal años atrás, denuncian haber sido objeto de coacciones, cortes de suministros y presiones para abandonar sus hogares. Este conflicto forma parte de una serie de acciones problemáticas que involucran el proceso de gentrificación que afecta a los residentes del camping. A lo largo de los años, muchos han sido víctimas de la denominada «compraventa fantasma», en la que se les vendieron viviendas sin la debida regularización ni garantías legales, y quienes reclaman que el camping ha intentado desalojar a más de 400 personas, a pesar de que estos residentes llevan viviendo en el lugar desde hace décadas, habiendo adquirido las viviendas que ahora les intentan despojar.
Este proceso de gentrificación y desalojo está relacionado con una estrategia de exclusividad en el camping, que ha comenzado a remodelar el espacio, instalando glampings y otras infraestructuras de lujo, lo que contradice los derechos de los residentes históricos y plantea una amenaza sobre la legalidad de las transacciones inmobiliarias en la zona. Habiendo quienes afirman haber sufridos engaños a través de contratos de compraventa de viviendas que nunca fueron oficialmente registradas, lo que deja a muchas familias en una situación de vulnerabilidad.
Conexiones con la oligarquía española
La propiedad del camping TAIGA Costa Cálida, anteriormente conocido como El Portús, fue adquirida por el fondo de inversión Newtown Capital S.L. en junio de 2023, según información registrada en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME). Esta adquisición se formalizó mediante la compra de la sociedad Complejo Náutico El Portús S.A., que pasó a ser controlada por Newtown Capital S.L., convirtiéndose en una sociedad unipersonal con esta última como único titular de las acciones.
Esta compra ha generado una considerable polémica, dada la vinculación de Newtown Capital S.L. con la familia Entrecanales, cuyo imperio empresarial se consolidó durante la era del franquismo. La nueva gestión ha sido duramente criticada por su falta de transparencia y por promover una imagen de exclusividad en lo que se presenta como una «cala semi-privada», lo que entra en contradicción con el artículo 132 de la Constitución Española, que garantiza el acceso público a las playas.
Movilización ciudadana
Ante esta situación, la Asociación Cala Morena ha convocado una concentración este domingo a las 11:00h en la playa de la Morena para denunciar la ocupación ilegal de la servidumbre pública de acceso y exigir la recuperación del acceso libre a la playa y la protección del entorno natural.
La situación en Cala Morena es un reflejo de cómo intereses privados pueden poner en riesgo espacios naturales protegidos y derechos ciudadanos fundamentales. La movilización ciudadana y la presión sobre las instituciones son esenciales para garantizar la protección de estos espacios y el cumplimiento de la legalidad.
