Un centenar de trabajadores y trabajadoras de la Administración Pública se han concentrado esta mañana frente a la Dirección General de Función Pública y Diálogo Social (Avenida Infante Don Juan Manuel, 14), dependiente de la Consejería de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Transformación Digital de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Lo han hecho para denunciar la aprobación de una nueva orden que, según denuncian, supone un retroceso significativo en los derechos del personal interino y en la calidad de los servicios que reciben los usuarios.
Convocada bajo el lema «Por los derechos del personal interino, por unos servicios públicos de calidad para los usuarios, por lo que es justo… ¡Sí a la mejora de empleo!», la protesta ha reunido tanto a personal interino como a funcionarios de carrera.
Una de las portavoces del colectivo, Iziar Palazón, trabajadora interina del IMAS, ha denuncia que esta nueva orden ha sido aprobada “con la connivencia de los sindicatos, excepto UGT”, y que deja “muy vendidos” a quienes ocupan puestos más altos en las bolsas de empleo.
“Los que estamos entre los primeros 100 puestos vamos a dejar de ser ofertados para vacantes, porque se nos van a asignar bajas médicas u otras sustituciones breves. Esto hace que no estemos disponibles para esas vacantes estables, que pasarán a manos de personas situadas en los puestos 300 o más abajo, con menos experiencia y peor puntuación en las oposiciones”, explica Palazón.
El grupo promotor de esta protesta trasversal ya había impulsado anteriormente una recogida de firmas, alcanzando las mil rúbricas en tan solo dos semanas. A pesar de que la nueva orden entra en vigor el próximo 3 de mayo, aseguran que seguirán movilizándose en defensa de su estabilidad laboral.
“Trabajamos con personas vulnerables, sufrimos agresiones todos los días. Si además nos quitan la estabilidad y el reconocimiento, el servicio se va a deteriorar aún más. Esto no es solo injusto para nosotros, también lo es para los usuarios que atendemos”, ha denunciado Palazón.
La normativa introduce, además, una limitación de trabajo estable a solo 1, 3 o 9 meses en un periodo de 18 meses, una medida que, según el personal interino, compromete gravemente la continuidad y eficacia de los servicios públicos.
También ha tomado la palabra Ascensión, funcionaria de carrera, que ha querido mostrar su solidaridad con los trabajadores interinos.
“Yo viví esta situación hace 20 años, y es una injusticia gigantesca. Que el esfuerzo, la formación o la experiencia no sirvan de nada en una bolsa de trabajo es un atropello”, ha declarado. “Los funcionarios de carrera apoyamos a nuestros compañeros interinos por justicia y porque los servicios públicos deben nutrirse de la experiencia acumulada de quienes ya están desempeñando estas funciones”.
Los y las concentradas han exigido a la Consejería que revoque la orden y que abra un proceso de diálogo real que respete el mérito, la capacidad y la experiencia del personal que sostiene diariamente los servicios públicos.
