Cartagena, España — La batalla por garantizar un acceso público, digno y seguro a Cala Morena, una de las playas más emblemáticas de Cartagena, ha escalado en las últimas semanas. La Asociación Cala Morena (ACM) convocó una concentración frente al Palacio Consistorial este jueves a las 11:00h, con el objetivo de exigir soluciones concretas ante las restricciones de acceso que afectan a este espacio natural protegido.
El cartel difundido por ACM apelaba a la unidad ciudadana como herramienta de transformación: “Porque solo juntos lograremos un acceso digno, público y de calidad a Cala Morena”, acompañado del lema “ACM con Palestina”, en una muestra de solidaridad internacional y compromiso con los derechos colectivos.
Durante el pleno municipal, representantes de ACM intentaron nuevamente obtener una cita con la alcaldesa Noelia Arroyo. No fue por iniciativa de ella, sino porque los activistas la abordaron durante el receso. La respuesta fue la misma de ocasiones anteriores: que los recibiría “pronto”, pero junto a otra asociación desconocida. “¿Te imaginas una reunión a tres bandas con otra asociación que no sabemos ni quiénes son ni sus intereses?”, comentaron desde ACM.
La alcaldesa insistió en que el asunto compete a la Dirección General de Costas en Madrid, no al Ayuntamiento. Sin embargo, desde ACM se le recordó el caso del alcalde de Mazarrón, Ginés Campillo, quien resolvió una situación similar en la playa de Percheles mediante expropiación directa y desmantelamiento de un negocio privado que impedía el acceso público.
A esto se suma la denuncia sobre el camping de El Portús, donde se han instalado cerca de 30 mobil homes en una zona protegida, dentro del parque natural de la Sierra de la Muela, Cabo Tiñoso y Roldán, declarado ZEPA y LIC en la Red Natura 2000. Según jurisprudencia del Tribunal Supremo, estas estructuras se consideran viviendas y requieren licencia urbanística. Aunque los inspectores municipales ordenaron la paralización de las obras tras una denuncia ante SEPRONA, el camping continúa discretamente con los trabajos de acondicionamiento.
Desde ACM acusan al Ayuntamiento de mirar hacia otro lado, permitiendo la instalación de mobil homes, estructuras flotantes de glamping y módulos metálicos en zonas inundables, no urbanizables y de especial protección, sin licencias ni estudios de impacto ambiental. Mientras tanto, el camping Caravaning fue cerrado por infracciones leves, lo que contrasta con la inacción ante irregularidades más graves en El Portús. “Imaginen quién puede estar detrás”, señalaron los activistas.
Durante el pleno, la alcaldesa también ordenó el desalojo de una asociación vecinal.
Además, los miembros de ACM fueron obligados por la Policía municipal a quitarse sus camisetas reivindicativas para poder acceder al recinto, en lo que consideran una violación del artículo 16.1 de la Constitución Española, que garantiza la libertad ideológica y de expresión. “Las camisetas debían de ser muy peligrosas”, ironizaron.
Por otro lado, el concejal socialista Manuel Torres, quien había anunciado con entusiasmo una expropiación el pasado 8 de mayo, admitió no tener información sobre su avance, lo que sugiere que no se está tramitando ninguna acción concreta.
La situación de Cala Morena sigue siendo crítica. Las instalaciones del camping impiden el paso a la playa, a pesar de estar en terrenos de dominio público y servidumbre de tránsito. Desde ACM se exige que se garantice el acceso peatonal y se respete la legalidad vigente.
La movilización ciudadana continúa, y la asociación insiste: la playa es de tod@s, y solo con participación activa se podrá proteger y asegurar su disfrute para las generaciones futuras
