Asociación de Vecinos de Torreciega y la Plataforma de Suelos Contaminados de Cartagena convocan a los medios en los Juzgados de Cartagena para denunciar públicamente el año de veneno, silencio judicial y complicidad institucional que han sufrido las vecinas

La pasividad institucional convierte el envenenamiento del barrio en un crimen de clase al servicio de los beneficios empresariales. Un año después del auto judicial contra ZINCSA, Torreciega sigue respirando plomo y mercurio ante la inacción de jueces y políticos.

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Cartagena, 18 de agosto de 2025. La justicia vuelve a mirar hacia otro lado mientras la población de Torreciega respira plomo, mercurio y arsénico. Hace un año exacto que un auto judicial ordenó el sellado inmediato de las celdas contaminadas del vertedero de ZINCSA, pero el mandato sigue sin ejecutarse. Entre tanto, la dispersión de metales pesados se ha convertido en una condena silenciosa para los vecinos: cáncer, enfermedades neurológicas y sangre envenenada por una herencia industrial que nunca se quiso reparar.

La Asociación de Vecinos de Torreciega y la Plataforma de Suelos Contaminados de Cartagena denuncian que esta inacción no es una simple negligencia, sino una “continuidad delictiva” amparada por la pasividad judicial y administrativa. Y señalan a los responsables: el Juzgado de Instrucción nº 5 y la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

El capitalismo tóxico: beneficios para unos, enfermedades para otros

El caso de ZINCSA es un ejemplo de manual de cómo funciona el capitalismo: una empresa privada obtiene beneficios a costa de envenenar tierra, agua y aire; después desaparece o se declara insolvente; y finalmente, son las instituciones públicas quienes, en lugar de reparar el daño, actúan como cómplices por omisión. El resultado es claro: mientras unos pocos acumularon dividendos, generaciones enteras de vecinos cargan con el coste en forma de tumores, patologías coronarias, renales y neurológicas.

No es casualidad: en un sistema donde la lógica del beneficio prevalece sobre la vida, la salud de un barrio obrero nunca pesará tanto como los intereses de una compañía contaminante.

La evidencia científica, ignorada

Los informes son contundentes:

  • Los niveles de plomo, cadmio y arsénico en calles y viviendas multiplican hasta por 470 los umbrales de riesgo aceptables para niños, según estándares de la OMS.
  • Vecinos de Torreciega presentan metales pesados en sangre, señal inequívoca de un envenenamiento crónico.
  • Las lluvias arrastran residuos tóxicos hacia áreas urbanas, cultivos y la dársena interior del puerto.
  • La fauna protegida muere atrapada en las balsas de lixiviados.

Pero la ciencia choca contra el muro del inmovilismo institucional. El auto judicial, que debería haber servido para proteger la salud pública, se ha convertido en “papel mojado”, como denuncian los portavoces vecinales.

La justicia de los despachos, la muerte en los barrios

La demora no es neutra: cada día de inacción judicial significa más polvo tóxico en los pulmones de las vecinas, más mercurio en el cuerpo de las embarazadas, más plomo en la sangre de quienes caminan por las calles del barrio.

“Mientras ustedes deliberan, nosotros morimos”, rezan las pancartas de Torreciega. No se trata solo de una metáfora: la justicia lenta, la que permite que empresas contaminantes sigan impunes, es una forma de violencia estructural que condena a barrios enteros a enfermar y morir antes de tiempo.

Un grito contra la impunidad

Los vecinos de las AA/VV de Torreciega, Sector Estación, San Ginés, Virgen de la Caridad y los Mateos junto con la Plataforma de Suelos contaminados de Cartagena convocan a los medios el próximo 20 de agosto de 2025, a las 10:30 horas, frente a los Juzgados de Cartagena para denunciar públicamente esta cadena de omisiones que pone en cuestión no solo el derecho a la salud, sino también el derecho a una tutela judicial efectiva. Según la convocatoria: “para “celebrar” y lamentar la innacción judicial y administrativa. De la resolución judicial de 20-08-2024, para sellar las balsas del vertedero de ZINCSA, evitar los lixiviados y la contaminación venenosa de las partículas que el aire desplaza alegremente por toda Cartagena.

“Su señoría, su toga está manchada de plomo”, dirán frente a los tribunales. Porque lo que está en juego en Torreciega no es solo la aplicación de una medida cautelar, sino la eterna pregunta sobre quién paga los costes del modelo económico dominante: quienes contaminan, o quienes, por ser clase trabajadora y vecindad obrera, siempre acaban respirando el veneno.

En Cartagena, como en tantos lugares del mundo, el capitalismo demuestra que su verdadera naturaleza es incompatible con la vida.

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