Esta mañana, en la Asamblea Regional de Murcia, el Diputado Autonómico de Izquierda Unida-Verdes y portavoz adjunto del Grupo Mixto, José Luis Álvarez-Castellanos, ha intervenido en el arranque de la Comisión que trabaja en el decreto que ha de regular las condiciones de las autorizaciones de Vehículos VTC y su intromisión en el sector de transporte urbano de personas en vehículos de turismo, para denunciar la falta de regulación del sector de las VTC y exigir a la administración medidas urgentes que garanticen la protección del taxi como servicio público.
Álvarez-Castellanos recordó que el Gobierno regional ha tenido siete años para regularizar y establecer normas claras para los VTC —vehículos de alquiler con conductor operados a través de plataformas como Uber o Cabify— y señaló que su inacción ha generado un descontrol absoluto. “Durante este tiempo, se ha permitido de manera flagrante que, en la ciudad de Murcia, por ejemplo, la ratio entre VTC y taxis sea de un VTC por cada dos taxis, en un claro desequilibrio en perjuicio del servicio público y, consecuentemente, de los usuarios. En el conjunto de la Región de Murcia, la proporción real no es mejor para el sector del taxi, siendo de un VTC por cada 3 taxis, siendo, por tanto, necesario introducir normas reguladoras que limiten de manera importante la proliferación de las autorizaciones de VTC.
El Diputado de IU-Verdes subrayó que el taxi es un servicio público reglamentado, con tarifas fijadas por la administración y que responde a criterios de interés general, mientras que las VTC funcionan como actividad empresarial privada, centrada únicamente en el lucro. Criticó también la práctica del “precio dinámico”, mediante la cual las plataformas pueden multiplicar el coste de un trayecto en función de algoritmos opacos, encareciendo el servicio justo en los momentos de mayor necesidad, como emergencias o alta demanda.
Durante la comparecencia de José Manuel Berzal Andrade, presidente ejecutivo de la Asociación UNAUTO VTC, Álvarez-Castellanos agradeció la claridad de la exposición de la patronal, pero “en base a sus propios intereses y no los de la mayoría social”, denunciando la lógica empresarial que prioriza el beneficio por encima del interés ciudadano. “Es lógico que la patronal de VTC quiera mantener la situación actual, que le ha favorecido durante años en ausencia de regulación. pero no es aceptable que la administración lo permita después de siete años de inacción. Estamos ante un problema similar al de las casas de apuestas: cuando el Gobierno quiso regular, la situación ya se había desbordado”, afirmó.
El parlamentario de IU explicó que la ratio actual de un VTC por cada tres taxis es absolutamente desequilibrada y que esto obliga a suspender la concesión de nuevas licencias de manera indefinida hasta restaurar un equilibrio razonable. Además, planteó la necesidad de acotar los abusos del precio dinámico, estableciendo condiciones que lo acoten.
Álvarez-Castellanos subrayó también la importancia de garantizar condiciones laborales dignas para los trabajadores de las VTC, reclamando la existencia de un convenio colectivo obligatorio, sin depender de la normalización del sector o de la negociación con la patronal.
Durante la comparecencia de Juana Pérez Martínez, presidenta de la Federación Murciana de Asociaciones de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios (THADER Consumo), Álvarez-Castellanos destacó la necesidad de poner a los consumidores en el centro del debate: “Estamos ante un sector empresarial que pretende instalar un marco mercantilista en el ámbito que es propio de en un servicio público regulado y concesionado, con precios también regulados, como ocurre en el agua potable. La prioridad debe ser defender a los consumidores y garantizar un servicio público esencial, universal y accesible, frente a la lógica de ganancia empresarial. Este es el conflicto central que debemos abordar”, afirmó.
El diputado insistió en que la movilidad no puede tratarse como un nicho de negocio. “El precio dinámico es una ocurrencia ingeniosa para las empresas, pero inaplicable y peligrosa para un servicio de interés público. Imaginemos una panadería con precios dinámicos: esto es lo que debemos prevenir. La movilidad es un derecho, no un artículo de lujo sujeto a algoritmos”, recalcó.
Álvarez-Castellanos subrayó también la necesidad de escuchar primero al sector público y a los consumidores, antes que al sector privado, para recoger las necesidades reales y trasladarlas al mercado, en lugar de hacerlo al revés. Además, cuestionó al Grupo Popular y al Gobierno regional sobre su disposición a dialogar, pactar y consensuar enmiendas que garanticen el interés general, y puso el foco en cómo los ciudadanos viven realmente este servicio: si mejora la movilidad, si resuelve problemas de transporte o si solo se trata de un servicio adicional opcional sin impacto real.
Finalmente, durante la comparecencia de Francisco López Clavijos, secretario de la cooperativa de Radio Taxi Murcia, Álvarez-Castellanos reforzó la importancia de proteger el taxi como servicio público frente a la lógica de mercado de las VTC, insistiendo en que la regulación no debe consolidar el desequilibrio actual sino revertirlo, asegurando que el taxi tenga prioridad y que las empresas privadas puedan desarrollarse únicamente sin poner en riesgo lo público.
El diputado anunció que desde el Grupo Parlamentario Mixto, y especialmente desde Izquierda Unida-Verdes, se presentará una batería de enmiendas que incluirán la suspensión de nuevas licencias VTC, limitación del precio dinámico, garantía de convenios colectivos para los trabajadores y protección del interés general y de los consumidores.
“Estamos ante un momento decisivo para defender un servicio público seguro, asequible y de calidad para todos los murcianos. IU-Verdes luchará en todas las instancias parlamentarias para que la movilidad no se convierta en un negocio privado que encarece y precariza lo público”, concluyó Álvarez-C
astellanos.
